Los militares imputados en el juicio Chavanne-Grassi optaron este jueves a la mañana por no hacer uso del derecho a pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto en el proceso, en el marco de la causa que investiga la privación ilegítima de la libertad de 28 empresarios industriales vinculados a los grupos económicos Chavanne (Banco de Hurlingham) y Grassi (Industria Siderúrgica Grassi).
Tanto Juan Alfredo Etchebarne, el expresidente de la Comisión Nacional de Valores; como el ex agente civil de inteligencia Antonio Raúl Guglielminetti, sostuvieron que no iban a hacer uso de ese derecho, al comenzar la audiencia.
En tanto, el Tribunal Oral Federal número 5 de la ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Adrián Grünberg, Daniel Obligado y la jueza Adriana Palliotti, estableció un cuarto intermedio para luego dar a conocer el veredicto.
Las víctimas estuvieron detenidas en el centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en la prisión militar de Campo de Mayo y, entre los querellantes, figuran la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
"Este juicio es muy particular en materia de lesa humanidad porque están juzgándose los delitos cometidos con el fin de repartirse como botín de guerra tanto el Banco de Hurlingham como la Industria Siderúrgica Grassi", dijo a Télam desde la APDH Eduardo Taviani.
El referente de la APDH agregó que todo esto "se probó, y por eso esperamos que los dos únicos sobrevivientes que están imputados sean condenados".
En tanto, añadió que el resto de los militares, que no llegaron al juicio, gozaron de la "impunidad biológica" por lo tanto es "muy importante que haya una condena para los que intervinieron y aún están vivos".
"Esta causa probó que funcionarios de alta jerarquía de la dictadura cívico militar estuvieron involucrados en la apropiación de estos dos bienes. Detrás estuvo esta operatoria que comprometió a parte del equipo de (José Alfredo) Martínez de Hoz, y donde se usó como mano de obra al Ejército y a los servicios de inteligencia", indicó.
Los únicos imputados que llegaron vivos y afrontan pedidos de pena de entre 12 y 25 años de cárcel son Etchebarne y Guglielminetti.
La acusación la formuló el juez federal Daniel Rafecas, que estuvo a cargo de la investigación y la instrucción.
Taviani remarcó que "estos bienes no existen hoy porque fueron desarticulados, si bien la siderurgia continúa en una parte mínima en manos de la familia".
También remarcó que "no hay desaparecidos hoy en esta causa" ya que los secuestrados fueron puestos luego en "libertad, y en lo que constituyó una farsa, se les armó una causa judicial que fue anulada por la Justicia entre 1983 y 1984".
"En este proceder se llevaron secuestrados no sólo a los empresarios sino también a personal jerárquico de las empresas, parte del directorio, asesores jurídicos y contables", recordó el referente de la APDH.
"Hubo una investigación muy interesante que se realizó cuando la presidía Alejandro Vanoli la CNV, que mostró cómo se utilizó en la causa este organismo del Estado para realizar, facilitar la expropiación de los bienes", agregó y recordó: "Algunos manifestaron la intención clara de Martínez de Hoz de quedarse con el Banco de Hurlingham".
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