La fiscal federal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, solicitó ayer al Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín la imposición de la pena de prisión perpetua a cuatro exmilitares y dos expolicías, acusados por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra quince víctimas a partir de un operativo ilegal realizado el 29 de marzo de 1976 en la quinta “La Pastoril”, ubicada en la localidad de Moreno, en el momento que se realizaba una reunión del Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-ERP).
Luego de dos jornadas de alegato -la primera fue el jueves pasado-, ante los jueces Matías Alejandro Mancini, Esteban Rodríguez Eggers y María Claudia Morgese Martín, la representante del Ministerio Público Fiscal finalizó ayer la exposición de su alegato con el pedido de prisión perpetua a seis acusados y la absolución de uno, y la solicitud de que se declare que los hechos que formaron parte del debate constituyeron crímenes de lesa humanidad.
La fiscal consideró que Eduardo Sakamoto, capitán y segundo jefe de la Compañía de Ingenieros de Agua 601 con asiento en Campo de Mayo, y Héctor Alberto Raffo, teniente primero y jefe de la Sección Comando y Servicios de esa unidad, como coautor mediato y como coautor, respectivamente, del homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en siete hechos y por la privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas en ocho casos.
La fiscalía también acusó a los exmilitares, integrantes de la Compañía de Ingenieros 10 de Pablo Podestá, Juan Carlos Jöcker, quien se desempeñaba como capitán y segundo jefe, y Juan Manuel Giraud, por entonces cabo primero y jefe del Grupo de Tiradores de la Primera Sección de Contrasubversión; y a los expolicías que cumplían funciones en la Comisaría 1° de Moreno, Juan José Ruiz (ex sargento ayudante) y Julio Alejandro Pérez (excabo primero). A los cuatro el MPF los consideró coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en cuatro hechos y por la privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas en siete casos. También atribuyó a los imputados Ruiz y Pérez su coautoría funcional por los tormentos, agravados por haber sido infligidos por un funcionario público a un preso bajo su guarda, sufridos por dos víctimas.
Por otro lado, la fiscalía solicitó la absolución del exmilitar Carlos Alberto Guardiola, quien cumplía la función de cabo primero y jefe del Grupo Segunda Sección de Combate, pues consideró que las pruebas vertidas en el debate no aportaron elementos que permitiesen fundar la acusación tal cómo venía requerida de la etapa de instrucción.
En el petitorio final, la fiscalía solicitó que se revoquen los arrestos domiciliarios que vienen gozando los imputados y pidió que se disponga la extracción de testimonios para que se investigue otros delitos que se conocieron durante el proceso.
La fiscalía contrastó la actitud de los acusados con la del exguardia nazi Reinhold Hanning, quien pidió perdón ante el tribunal alemán que lo condenó en 2016. “Aquí no escuchamos nada parecido”, dijo la fiscal Ramos.
Alegato
Durante los dos días de alegato, la fiscal federal Ángeles Ramos y el auxiliar fiscal Esteban Bendersky señalaron que el operativo fue ilegal desde la génesis y que tuvo consecuencias que perduran hasta el día de hoy.
En ese sentido, a través de la lectura de documentos desclasificados y de los testimonios de los distintos testigos que se escucharon durante el juicio, los representantes del MPF fueron reconstruyendo los hechos que ocurrieron el 29 de marzo de 1976. Citaron los testimonios de los sobrevivientes del operativo, de familiares de los militantes, de personas que hicieron la conscripción en la Compañía 10 y en la Compañía de Aguas 601, de vecinos de la zona, de periodistas y de peritos que intervinieron en la causa.
La fiscal Ramos resaltó que la mayoría de los acusados se negó a declarar, mientras que Giraud dio una versión que lo ubicó como ajeno a lo realmente sucedido. Contrastó su situación con lo ocurrido en Alemania en 2016 cuando “fue condenado un exguardia nazi de Auschwitz, Reinhold Hanning, de 94 años, quien al momento de comparecer ante el tribunal por los crímenes cometidos pidió perdón por lo que hizo”. “Aquí no escuchamos nada parecido”, sentenció Ramos.
Los hechos
El alegato inició el jueves pasado por la mañana. En su exposición, la fiscalía señaló que los hechos tuvieron lugar el 29 de marzo de 1976, cinco días después del golpe de Estado cívico militar, en la quinta “La Pastoril”, ubicada en la localidad bonaerense de Moreno, cuando se llevaba a cabo una reunión del Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-ERP), para discutir sobre la situación política nacional, el impacto represivo del golpe militar del 24 de marzo en el partido y en los sectores populares, y la situación política internacional.
En la reunión estaban los miembros del Comité Central, militantes del partido e invitados extranjeros de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile, al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Bolivia y al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) de Uruguay.
El auxiliar fiscal Bendersky señaló que, luego de almorzar, y mientras la reunión se encontraba en un receso, agentes de la Policía Federal y policías bonaerenses y miembros del Ejercito irrumpieron por los jardines del frente y atacaron la casa.
En esos primeros momentos de la balacera pudieron escapar por los fondos los invitados extranjeros y los líderes de la organización del PRT-ERP, Mario Roberto Santucho, Benito Urteaga y Domingo Menna, y la mayoría de los miembros del comité central.
En total, según la fiscalía, a partir del pedido de refuerzos, en el operativo intervino personal de la Compañía de Ingenieros 10 de Pablo Podestá, de la Compañía de Aguas 601, de distintas comisarías de la zona, de la Fuerza Aérea -que colaboró en la búsqueda de los prófugos-, del Batallón de Inteligencia 601 y del Primer Cuerpo del Ejército.
En su exposición, los representantes del MPF citaron el testimonio del exconscripto Miguel Ángel Cañete, quien durante el juicio afirmó que en esa quinta murieron mujeres y hombres, y que pudo ver cómo se llevaban a personas detenidas, como una mujer y un hombre que fueron subidos a un camión militar y “fueron a parar a la comisaría de Moreno”.
Víctimas
El operativo ilegal culminó con cuatro personas asesinadas en la quinta a raíz de los disparos de armas de fuego: María Elena Amadío, Emilia Susana Gaggero de Pujals, Víctor Hugo González Lemos y Ruperto Méndez. Otras tres personas fueron asesinadas mientras intentaban huir a bordo de un vehículo que fue interceptado por personal de las fuerzas conjuntas: Juan Santiago Mangini, Nelson Alberto Agorio y Héctor Geraldo Chávez. El niño Eduardo Garbarino Pico, quien se encontraba con ellos en el vehículo, fue privado de la libertad. Los cuerpos sin vida fueron conducidos a la Comisaría 1º de Moreno y luego fueron enterrados como “NN” en el Cementerio Municipal de esa ciudad. Años después, fueron exhumados e identificados.
En el contexto del ataque, al menos siete personas -Rodolfo Ortiz, Leonor Inés Herrera, Juan Domingo del Gesso, Héctor Osvaldo Villarreal, Carlos Guillermo Gerónimo Elena, Benigno Gerardo Tomadoni y Mariana Alba Pinault- fueron privadas ilegalmente de su libertad y tuvieron diferentes destinos. Ortiz y Herrera fueron asesinados, mientras que Del Gesso y Elena permanecen desaparecidos.
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