Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) informaron que la jueza federal de Garantías 2 de Salta, Mariela Giménez, hizo lugar a la imputación formalizada por el fiscal general Eduardo Villalba, contra Rita Vaca y Cándida Isabel, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravada por el número de víctimas.
Al presentar el caso, el fiscal reveló que las pesquisas se iniciaron tras recibir una denuncia verbal que daba cuenta de la actividad ilícita en un sector de un inmueble ubicado en calle Astigueta al 600, a pocas cuadras del centro de la capital salteña.
El inmueble, según aclaró el representante del MPF, es el mismo que fue decomisado el 14 de enero pasado, en el marco de una condena dictada por el juez Alejandro Castellanos, de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, al homologar un acuerdo de juicio abreviado rubricado por Villalba y recaído sobre los dueños de la vivienda.
El fiscal señaló que aquella condena se dictó a raíz de una investigación abierta por el mismo delito, aunque en esa ocasión se lo atribuyó a los dueños de la casa, en la que habían montado un prostíbulo.
En el acuerdo condenatorio, la fiscalía logró de manera inédita el decomiso del inmueble, que fue entregado al Estado Nacional y luego cedido al Ministerio de Desarrollo Social de Salta, que a su vez le cedió un sector a la Fundación “Volviendo a Casa”, encargada de talleres y actividades de concientización sobre el delito de trata de personas.
El resto de la propiedad, en tanto, quedó como albergue de las numerosas víctimas que fueron rescatadas, quienes con el correr del tiempo emigraron, con excepción de dos de ellas, Vaca y Martínez, a quienes se les permitió quedarse dado que por los efectos de la pandemia de coronavirus no pudieron conseguir otra vivienda.
Por ello, se firmó un acta mediante la “cual se comprometieron a no incurrir en esta clase de actividades delictivas”, dijo el fiscal, quien en la audiencia señaló que esto, sin embargo, no sucedió, pues las dos acusadas, que habían señalado que se dedicaban a la prostitución, en realidad cumplían la tarea de “recaudar”.
Villalba aclaró que todo esto se pudo establecer gracias a un prolijo trabajo del personal de la División de Trata de la Policía de Salta, que recopiló suficiente material probatorio en base a tareas de campo e inteligencia.
A pedido de la fiscalía, se allanó ese sector de la vivienda, como también de otra casa ubicada en la esquina, a pocos metros, y como resultado fueron rescatadas siete víctimas y detenidas las ahora dos imputadas.
“No estoy avanzando en contra del ejercicio de la prostitución, sino del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, el que realmente estaba cometiéndose en dichos inmuebles”, explicó el fiscal, quien no descartó que las acusadas estén siendo regenteadas por otras personas implicadas.
Al abordar las medidas de coerción, el fiscal desistió de pedir que ambas mujeres permanezcan privadas de su libertad, pues no descarta que también sean víctimas, y solicitó que se les impongan medidas restrictivas.
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