Barraguirre consideró que “no puede haber un acuerdo (con los acreedores) condicionado por lo que establezca la justicia penal", sino que "tiene que haber un acuerdo autónomo de las cuestiones vinculadas a la causa penal" debido a que "corren por carriles distintos”.
El funcionario dictaminó el jueves pasado que “no procede el avocamiento”, similar a la figura del 'per saltum', de la Corte Suprema de la provincia, y estableció una serie de controles institucionales externos sobre el juez civil de Reconquista Fabián Lorenzini, a cargo del expediente.
En declaraciones a radio LT9 de Santa Fe, Barraguirre explicó que su dictamen tuvo que ver con "la negativa de que la Corte asuma una competencia que no le corresponde y, por otro lado, una serie de medidas para hacer más transparente el concurso, con mayor resguardo, y una mayor mirada para el acuerdo de la empresa con sus acreedores”.
El dictamen del procurador no es vinculante, pero representa el paso previo necesario a la resolución que adopte la Corte santafesina sobre el controvertido concurso de Vicentin, por unos US$ 1.500 millones.
El avocamiento fue solicitado por una empresa del Grupo Grassi, acreedora de la aceitera con sede en Avellaneda, al considerar que existieron una serie de “inconductas procesales” y arbitrariedades durante el proceso por parte del juez Lorenzini.
Barraguirre sostuvo en la entrevista que su decisión de pedir que la Comisión Legislativa de Seguimiento del Caso Vicentin sea incorporada a la causa con la figura de 'amicus curiae' (amigos del tribunal) responde al hecho que “está haciendo un trabajo adecuado, poniendo bajo la luz determinados aspectos de esta causa que deben ser tenidos en cuenta”.
El presidente de la Corte provincial, Rafael Gutiérrez, firmó un decreto por el cual le sacó el expediente a Lorenzini por vía del avocamiento y suspendió los plazos procesales, por lo que la oferta de pago que Vicentin presentó en el concurso quedó frenada.
En su dictamen, Barraguirre opinó que “la pretensión en los términos en los que fue formulada, resulta asimilable al supuesto de per saltum no existente en nuestra provincia”.
“Finalmente y, aún en ausencia de previsión legal, el contenido de las aseveraciones efectuadas por el solicitante son las que me llevan a concluir que la gravedad institucional no ha sido demostrada”, abundó el procurador, para rechazar el remedio propuesto por el presidente de la Corte a instancias de un acreedor.
Un grupo de acreedores cuestionó el acuerdo presentado por la firma en cesación de pagos al considerar que es “abusivo” porque para quienes tienen un mayor monto de créditos la propuesta implica la cancelación de un 20%.
Además, la propuesta presentada por Vicentin al juez Lorenzini implica -para poder hacerse efectiva- la venta del 16% de las acciones que aún conserva en la planta de Renova a su socia en esa misma empresa, Viterra Argentina, ex Glencore.
Sin embargo, existen dos medidas cautelares dispuestas por jueces penales que investigan un presunto fraude por US$ 500 millones por parte de los directivos de Vicentin durante el proceso de default de la agroexportadora, que impiden la venta de esas acciones.
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