Excepto Justicia Legítima, cercana al kirchnerismo, todas las asociaciones de jueces, fiscales y funcionarios se oponen a la generalización del tributo que ya pagan los trabajadores de altos ingresos.
Después de que la Corte se reuniera de urgencia el viernes pasado para analizar la situación, desde el propio entorno del máximo tribunal se difundieron los documentos de las entidades que salieron a descalificar el eventual tributo que deberían pagar tal como lo hacen todos los trabajadores de altos ingresos.
Sólo Justicia Legítima, la asociación civil cercana al kirchnerismo, apoyó el proyecto para que todo el Poder Judicial pague el impuesto: «Nuestra posición ha sido siempre a favor de la igualdad impositiva y del rechazo a todo privilegio».
Utilizando incluso lenguaje inclusivo, la entidad manifestó que «jueces, magistrades, funcionaries y empleades deben abonar los mismos impuestos que les corresponden pagar a cualquier habitante del país».
En cambio la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFUN) advirtió que “ciertos sectores de la política pretenden menoscabar la independencia e imparcialidad de los operadores judiciales, ya que afectan tanto sus remuneraciones como el régimen jubilatorio”.
“Lo que se quiere disfrazar o confundir a la sociedad, como un reclamo de tratamiento igualitario, en realidad solo está dirigido a condicionar de manera irregular y discriminatoria a los magistrados, funcionarios y empleados judiciales”, añadieron.
Los fiscales justificaron que “este llamado de atención, en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial, y sí por el contrario, tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que debe reinar en un Estado de Derecho”.
El comunicado está firmado por el presidente de la entidad, Carlos Rívolo y, entre otros, el vocal Diego Luciani.
La Junta de Tribunales Orales Federales (JUTOF) manifestó “su oposición a cualquier intento de menoscabar la independencia judicial. La reducción de los ingresos percibidos por funcionarios y magistrados es una violación a lo establecido por la Constitución Nacional”.
El artículo 110 de la Carta Magna es, según la entidad, un “resguardo de la labor judicial y ante presiones de cualquier índole”.
El documento fue firmado por su presidenta, Gretel Diamante, y su secretaria, Sabrina Namer.
La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), que nuclea a jueces y fiscales de 19 países, denunció que la iniciativa “pretende incorporar una cuestión tributaria dentro de la ley de presupuestó que resultaría que afectaría (sic) el salario de los magistrados”.
“Preocupa también que se utilice esta vía para afectar la intangibilidad de los salarios e incrementar los tributos a través de una ley que debe prever los gastos del Estado. El régimen salarial es un elemento de estabilidad de la judicatura y auxiliares de la administración de justicia”, concluyó el documento.
La Asociación de Jueces y Juezas Federales de Argentina (AJUFE) rechazó el “proyecto de ley en discusión, que avanza sobre los salarios de las juezas y jueces de todo el país, por encontrarse en oposición a la Constitución Nacional y a los instrumentos diseñados para asegurar la independencia judicial”.
Así lo rubricaron los jueces Jorge Morán, como presidente, y Ariel Lijo, como secretario general.
La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, por su parte, recordó que los funcionarios y trabajadores judiciales “no se encuentran alcanzados por ese impuesto, tal como fuera decidido por el Honorable Congreso de la Nación en la ley 27.346 de diciembre de 2016”.
Quienes ingresan al Poder Judicial desde entonces sí pagan el impuesto a las ganancias.
“La modificación legislativa intempestiva e inconsulta del régimen de ganancias se traduciría en una afectación confiscatoria de los haberes de los prestadores del servicio de justicia y constituye un avance sobre la independencia judicial”, sostuvieron.
“La reiteración de intentos de reformas legislativas no hace sino introducir incertidumbre e inseguridad jurídica sobre los operadores judiciales”, suscribieron su presidenta, Marcela Ruiz, y su secretario, Christian Fabio.
La Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina sostuvo que “este nuevo intento de cercenar la independencia del Poder Judicial llevará a consecuencias no sopesadas, que resentirán en mayor medida la prestación del esencial servicio que le compete”.
La Junta se manifestó “conocedora de la situación económica por la que atraviesa nuestro país”.
“De ninguna manera nos es indiferente, y la necesidad de implementar medidas de fondo y reformas institucionales para superarla y alejar los peligros que se ciernen sobre una Argentina afectada por las recurrentes crisis de esa naturaleza”, proclamó la organización.
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