"Ha pasado ya un año desde que entró en vigor el régimen de excepción en El Salvador, un año en el que las autoridades han tomado varias medidas que suscitan graves preocupaciones en materia de derechos humanos", advirtió la vocera de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh), Marta Hurtado.
"Comprendemos los graves problemas que plantea la violencia de las pandillas y el deber del Estado de proporcionar seguridad. Sin embargo, es el deber del Estado hacerlo en el marco del derecho internacional de derechos humanos", destacó Hurtado en conferencia de prensa en Ginebra, según las agencias Europa Press y AFP.
Desde que El Salvador proclamó el 27 de marzo de 2022 el régimen de excepción en respuesta a una ola de 87 asesinatos en pocos días, 65.000 personas fueron arrestadas sin orden de detención.
"Algunas de estas detenciones masivas, incluidas las de niños, pueden equivaler a detenciones arbitrarias, ya que parecen basarse en investigaciones mal documentadas y en burdos perfiles basados en el aspecto físico o el origen social de los detenidos", denunció Hurtado.
La portavoz remarcó que "las condiciones en los centros de detención, a menudo superpoblados, son motivo de gran preocupación", y dijo que la ONU recibió denuncias de graves violaciones de los derechos de los presos, entre ellos el aislamiento prolongado, la falta de atención médica y otras formas de malos tratos.
Para la funcionaria, "es especialmente preocupante que 90 personas murieron en detención desde que entró en vigor el estado de excepción, y que se disponga de escasa información sobre el progreso de las investigaciones sobre estas muertes".
"El derecho a la vida, la absoluta prohibición de la tortura, los principios de un juicio justo, incluida la presunción de inocencia y las salvaguardas procedimentales que protegen estos derechos, se aplican en todo momento, también durante estados de emergencia", recalcó Hurtado.
La ONU recordó al Gobierno del presidente Nayib Bukele que todo Estado tiene "el deber de proteger las vidas de los individuos privados de libertad", y a permitir que la institución nacional que supervisa los derechos humanos, que acumula ya 7.900 quejas, pueda examinar de forma "regular" e "independiente" la situación de las cárceles.
También llamó a combatir las causas subyacentes a la violencia, entre las que nombró "las desigualdades sociales, la marginación y la falta de políticas sociales efectivas".
Bukele, sin embargo, hasta ahora hizo caso omiso de este tipo de críticas durante el último año y hoy prometió en redes sociales que seguirá "trabajando por la seguridad de los salvadoreños, aunque reclamen las ONG de 'derechos humanos'".
El mandatario argumenta que las medidas excepcionales fueron imprescindibles para reducir a niveles mínimos la violencia y presume de forma prácticamente diaria que el país registra ahora cero homicidios al día y es "el país más seguro" de la región.
En tanto, su ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, dijo hoy que, según los registros de las autoridades, el 35% de los pandilleros que operan en el país aún están en las calles y que el estado de excepción seguirá vigente hasta que no se logre capturar hasta el último pandillero.
Ayer, en la misma línea, el ministro de Defensa, Francis Merino, aseguró que "mientras haya pandilleros en la calle, será necesaria la medida".
El estado de excepción, decretado tras una sucesión de jornadas violentas en el país, fue prorrogado en once ocasiones a lo largo del último año.
Una nueva encuesta respalda la visión del Ejecutivo, más allá de los cuestionamientos: un 85,7% de los salvadoreños dijeron sentirse más seguros con el actual régimen de excepción.
Ante la pregunta: "con el régimen de excepción, ¿usted diría que se siente seguro o inseguro?", 85,7% de los consultados aseguró sentirse "seguro", de acuerdo al sondeo del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (UCA, jesuita).
Otro 10,3% se declaró "ni seguro, ni inseguro" y apenas el 4% "inseguro".
Sobre los méritos del Gobierno, las tres primeras respuestas están relacionadas entre sí: un 27,7% de los consultados señaló como "el principal logro" que el régimen de excepción "mejoró la seguridad"; el 17,5% dijo que "ya no se ven pandilleros" y el 17,4% destacó "la reducción de la delincuencia".
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