Al abrir una nueva audiencia por el proceso contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema, la comisión también aprobó un pedido de información a la AFIP sobre la empresa MoRo Media SRL, una firma creada por Silvio Robles, asesor y mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y que ahora está en manos de su hermano, como parte de las pruebas que está solicitando el organismo parlamentario que estudia la conducta de los miembros del máximo tribunal.
La decimosegunda reunión de la comisión, que preside Carolina Gaillard (FdT), se extendió por cuatro horas y recogió tres de los cinco testimonios previstos originalmente.
El director de Informática de la Corte, Andrés Sacchi, confirmó que existió un mail del supremo Juan Carlos Maqueda en el que informaba a sus pares y a otros funcionarios que se retiraba de la administración de la Obra Social, lo que apuntaló la hipótesis del FdT de que el cordobés era el responsable directo de esa dependencia.
El funcionario precisó que ingresó al área informática de la Corte en 2016 y agregó que desde la comisión especial creada en 2021 para monitorear el sistema de la Obra Social “no se hizo una investigación del software existente” y que “lo que se planteó desde un momento inicial fue informatizar, porque lo que existía era un software antiguo o que por lo menos no cubría las necesidades”.
“No sé en qué tecnología estaba hecho, lo que sí me informaron es que era anterior a Windows; nosotros dejamos a disposición de la obra social un proyecto para llamado a licitación, pero después de eso desconozco cómo continuó”, le respondió a la oficialista Mara Brawer.
Sacchi también respondió que “una gotera afectó la computadora de Robles durante la feria judicial de enero último” y que “la llevamos a sistemas para hacer un estudio de la misma y comprobamos que partes vitales de la computadora, como el disco rígido, no fueron afectados”.
La computadora de Robles se había vista afectada días después de que trascendieran sus supuestos chats con el exministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en relación a algunas decisiones judiciales.
Posteriormente, María Betina Bonuccelli, subsecretaria administrativa de la vocalía de Maqueda, detalló su trabajo ante la consulta de la oficialista Vanesa Siley: “La mayor parte se lo dedicamos al movimiento de expedientes judiciales y administrativos. En lo que va del año se recibieron 3.500 causas judiciales y se les dio salida a 2.500”.
Consultada sobre si tenían injerencia en lo referido a la obra social, remarcó: “Sí recibíamos algún llamado o recibíamos a algún afiliado con algún problema o alguna queja. Detrás de una queja o de un pedido de ayuda había una persona que estaba pasando por una situación de salud crítica, nadie venía porque tenía un resfriado. Todos quedábamos movilizados ante esas situaciones, era difícil”.
"Yo llamaba a la dirección de Tonón y ellos resolvían los problemas, yo les pedía que se comuniquen con el afiliado para que sepan en qué situación estaban sus trámites”, precisó.
Por último, apuntó: "Desde el 2019 para la fecha, toda la pandemia, Tonón no vino a la oficina, y anteriormente habrá venido dos o tres veces al año, eso de todas las semanas no es así”.
En el último testimonio de la jornada, Valeria Díaz, afiliada a la obra social, expuso su caso: “Yo tenía la necesidad y las ganas de ser mamá, y la Obra Social seguía rechazándome por diferentes motivos, cuando había una ley nacional que decía que debía cumplir con esa prestación”.
“El doctor Tonón me dijo si estaba segura de lo que iba a hacer porque era totalmente antinatural, y que él no veía lo que podía pasar si autorizaba el tema de los gametos; obviamente me dejó pensando en si estaba bien o mal lo que hacía”, completó.
El secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici, y el contador Nicolás Serafini, que firmaba los balances de la obra social, argumentaron sus ausencias en motivos personales y pidieron reprogramar las citas.
Si bien para la reunión de hoy había sido citado para completar su testimonio de la semana pasada Héctor Marchi, el desplazado administrador del máximo tribunal, esta convocatoria será reprogramada para la semana próxima dado que debe presentarse a declarar ante el juez federal Ariel Lijo en la causa por el manejo de los fondos de la obra social.
Nuevamente, como sucedió en la última reunión, se ausentó Tonón, por lo que al iniciarse la reunión, Gaillard puso a votación la propuesta de pedir a la justicia que sea obligado a comparecer "por la fuerza pública".
El exfuncionario no concurrió en tres oportunidades con el argumento de que tiene una causa judicial por este mismo tema y cualquier declaración afectará su defensa.
En relación al pedido de información a la AFIP sobre la empresa MoRo Media SRL, fue aprobada con el voto favorable del Frente de Todos y el rechazo de Juntos por el Cambio, que cuestionó la potestad de la comisión para pedir el levantamiento del secreto fiscal a la AFIP y reclamó que esa medida se canalice a través de un juez.
El pedido de una ampliación de pruebas fue solicitado por el diputado del FdT Rodolfo Tailhade, quien además pidió la citación de la jueza Martina Isabel Forns y de María José Castillo, abogada de la agrupación HIJOS de Jujuy.
La de hoy fue la duodécima reunión de la comisión de Juicio Político desde que se inició el trabajo de ese cuerpo parlamentario, el 26 de enero pasado, para determinar si los jueces del máximo tribunal incurrieron en mal desempeño de sus funciones.
En la última reunión, y tras el desplazamiento de su cargo, Marchi denunció ante los legisladores una "sanción encubierta" y "amenazas" contra funcionarios de los Tribunales.
Tras la investigación por las supuestas irregularidades en la obra social de los judiciales, la comisión iniciará el análisis del fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables adicionales que el expresidente Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.
Por esa causa, la comisión tiene previsto citar a los gobernadores que firmaron el proyecto de juicio político -impulsado por el presidente Alberto Fernández-, al ministro de Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, y al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, para brindar precisiones sobre el litigio entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires.
Publicar un comentario