Lasso consideró “infundado” el juicio, remarcó que “lo político jamás puede ser justificación para lo ilegal” y acusó a los legisladores de “haber abandonado su rol, y en vez de crear leyes las destruyen”.
Se cumplieron en la jornada los pasos formales antes de la votación para saber si Lasso debe dejar o no el cargo: la Asamblea Nacional (AN, parlamento) escuchó a los miembros interpelantes, después la defensa del presidente, luego las réplicas y más tarde el debate abierto con el que se cierra la primera parte.
La sesión del pleno comenzó a las 10.17 (las 12.17 en la Argentina) con 109 parlamentarios presentes sobre 137, reseñaron medios locales y la agencia de noticias Sputnik.
El mandatario está acusado de no haber suspendido un polémico contrato entre la empresa estatal Flopec y el conglomerado Amazonas Tankers para el traslado de crudo ecuatoriano, que habría ocasionado un perjuicio para el Estado por 6,1 millones de dólares, según la Contraloría General del Estado.
"Los ecuatorianos nos exigen que solucionemos sus problemas cotidianos y pongamos fin a una irracional confrontación que agota la paciencia de la población, que incrementa el desasosiego y debilita nuestra democracia", había escrito Lasso en su cuenta de la red Twitter poco antes del arranque del plenario.
El proceso es considerado como una instancia que no solo pondrá en escena el juego de fuerzas internas, sino que también servirá para probar el esquema institucional ante una situación inédita en los últimos 15 años en el país andino.
Además, ocurre en un contexto de aumento de la violencia ligada al narcotráfico y de descontento popular por el costo de la vida, lo que puede ser el fin del Gobierno de derecha y una oportunidad para la oposición de izquierda para recuperar fuerzas de la mano de su líder, el exmandatario Rafael Correa, residente en Europa y condenado a ocho años de cárcel.
Se trata de la segunda vez en su mandato que el conservador Lasso enfrenta un intento de sacarlo del cargo, después de que en junio del año pasado, en medio de un prolongado paro general promovido por las organizaciones indígenas, una iniciativa similar sumara 80 votos, 12 por debajo del mínimo requerido.
Una de las legisladoras interpelantes, la correísta Viviana Veloz, advirtió que Lasso "ha inoculado la corrupción en nuestro sistema y con eso ha pulverizado la soberanía, ha pulverizado a la República", y se preguntó “por qué no hizo nada el presidente para evitar que el país prorrogue un contrato lesivo para los intereses del pueblo ecuatoriano".
Veloz advirtió que el presidente supo de la existencia de este contrato irregular, se negó a recibir el informe del entonces gerente de Flopec sobre las condiciones desventajosas para la empresa ecuatoriana y, por el contrario, ordenó su remoción.
"Nunca tomó las medidas necesarias para resarcir esa situación jurídica o apoyar, ya sea la terminación unilateral o a su vez la terminación por mutuo acuerdo, que también recomendaba la gerencia jurídica, y en consecuencia usted, presidente saliente, permitió que el daño económico al Estado se siga presentando", aseveró.
Veloz presentó parte de su argumentación con un video musicalizado con la canción central de la película “El padrino”.
Su compañero en la acusación, Esteban Torres, del Partido Social Cristiano, dijo que la defensa de Lasso sostuvo que durante su presidencia, en especial en 2022, Flopec no habría realizado una contratación nueva para el transporte del crudo ecuatoriano con Amazonas Tankers, por lo que el juicio carece de pruebas.
"La verdad fáctica es, sin embargo, señores asambleístas, que sí existe la prueba que en el Gobierno del presidente Lasso hubo nuevas contrataciones entre Flopec y Amazonas Tankers", aseveró.
Y aseguró que cada uno de los hechos señalados para este proceso fueron acreditados durante las prácticas de las respectivas pruebas en la comisión legislativa de Fiscalización y Control Político bajo el estándar probatorio de un juicio político.
Recién cuando terminó la acusación, Lasso entró al recinto a ejercer su defensa en un proceso que calificó de "infundado" y alegó que su inocencia era "total, evidente e incuestionable".
"El mismo rencor que me profesan es la más grande prueba de mi inocencia", señaló, entre aplausos de la bancada oficialista.
E insistió en que “no hay pruebas ni testimonios relevantes” en su contra, sino “más bien lo único que hay son informaciones que comprueban” su “total, evidente e incuestionable inocencia".
Aunque tenía tres horas de plazo, el presidente usó solo una, y allí, aunque no era el tema central, hizo un repaso elogioso de su gestión.
“Me alegra ver en muchos de ustedes la sabiduría de no dejarse arrastrar por el caos. Esta Asamblea podría seguir por el mismo camino, o recapacitar, sacar las lecciones, y volcarse junto al Gobierno en un trabajo a favor de la ciudadanía. Llamo a deponer las diferencias para trabajar juntos en contra de las mafias que atentan contra la seguridad de todos y dividen a los ecuatorianos”, subrayó.
Y sobre el acuerdo Flopec-Amazona Tankers enumeró que “no hay contrato ni adenda” firmados en su gestión; “no hay recomendación de contraloría para terminar el contrato”; “no hubo determinación de responsabilidad penal” y, además, “no hay testigos relevantes de nada”.
“Muy fácilmente, la florida ficción que han montado va dando paso a la sobria e ineludible realidad”, manifestó.
El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, deberá ahora convocar a otra sesión para la votación final, y algunos medios quiteños señalan que ese encuentro sería el sábado.
En caso de que existan 92 votos a favor de la censura y destitución del presidente, el vice Alfredo Borrero tendrá que asumir la primera magistratura hasta 2025, cuando concluye el período de mandato para el cual fue electo el actual Gobierno.
De ser censurado, Lasso se convertiría en el segundo mandatario ecuatoriano en ser destituido en juicio político luego de que 1933 fuera cesado Juan de Dios Martínez (1932-1933).
A Lasso le queda aún una carta con la que alguna vez amenazó: la opción de disolver el Congreso, por una sola vez y en los tres primeros años de administración, para dar paso a elecciones generales anticipadas de las que saldría un gobernante encargado de terminar el actual período.
Esa opción, llamada "muerte cruzada", la puede decretar antes de la votación en el juicio y era un grito permanente de sus seguidores en las afueras de la AN.
Los simpatizantes, que portaban banderas del movimiento oficialista Creando Oportunidades (CREO), se concentraron en el parque El Arbolito, donde se colocó una pantalla gigante para seguir el proceso de juicio político.
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