Además de Boluarte, informó Radio RPP de Lima, en la denuncia estaban el ex titular del Consejo de Ministros Pedro Angulo; el ex ministro de Defensa y actual jefe de Gabinete, Alberto Otárola, y el ex ministro del Interior César Cervantes.
La solicitud, que tenía trascendencia constitucional, había sido presentada por parlamentarios de la oposición y ya había sido declarada improcedente el pasado 5 de mayo por la Subcomisión para las acusaciones constitucionales.
Su rechazo se produjo con 11 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones, reseñó la agencia Ansa.
La definición tuvo en cuenta que el tema está siendo tratado en los últimos días por el Fiscal General, quien interrogó a la jefa de Estado, como comandante, según la Constitución, de las Fuerzas Armadas y de seguridad.
En este contexto, Boluarte y el ahora presidente del Consejo de Ministros, Otárola, deberán defenderse de la acusación de presunto asesinato y genocidio de al menos 49 personas, algunas de las cuales son posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Desde París, donde asiste a un encuentro de la OCDE; Otárola volvió a defender hoy el accionar del Ejecutivo ante las manifestaciones que siguieron a la destitución del entonces presidente Pedro Castillo.
“Actualmente estamos gobernando con paz y tranquilidad, tras haber superado un lamentable suceso en la historia reciente de nuestro país”, señaló Otárola, según la estatal Agencia Andina.
E insistió en que detrás de las protestas había “un grupo muy pequeño y muy violento, financiado por el narcotráfico y la minería ilegal” que “pretendía tomar el poder, porque ya tenían el gobierno”.
Defendió la actuación del Ejecutivo frente a las manifestaciones porque el accionar de las fuerzas de seguridad mantuvo la legitimidad establecida por las normas vigentes, aunque la represión fue muy cuestionada por la CIDH y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
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