El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, encabezó con familiares de Deras García el acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado de Honduras en el asesinato del dirigente y maestro, ocurrido cuando tenía 42 años.
"Por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, estamos aquí para reivindicar la memoria y legado de Herminio Deras García, maestro, político del Partido Comunista de Honduras" y para que este tipo de hechos nunca se repitan en nuestra patria", dijo Pastor.
El acto se montó en la ciudad de El Progreso, 180 kilómetros al norte de la capital Tegucigalpa, donde residía Deras García.
En una sentencia dictada el 3 de octubre de 2022, la CIDH condenó a Honduras a pagar una indemnización de 1,1 millones de dólares a 17 familiares de la víctima.
El fallo también obligaba al Estado a investigar y sancionar a los responsables de su muerte, construirle un mausoleo en el cementerio e introducir en los programas educativos clases sobre "el pasado de violencia" del país centroamericano, que al momento del crimen era presidido por el derechista Roberto Suazo Córdova (1982-86).
"El reconocimiento público en el caso de Herminio Deras es histórico y es particularmente importante dado el contexto de asesinatos que continúan existiendo en Honduras, en particular contra defensores y líderes sociales", expuso Jimena Reyes, directora del programa Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en un comunicado.
Agregó que la CIDH, con sede en Washington, llevó ante la Corte el 20 de agosto de 2020 el caso "de la ejecución extrajudicial, en enero de 1983, de Herminio Deras García, así como las amenazas, detenciones ilegales y actos de tortura en contra de su familia", informó la agencia de noticias AFP.
Deras garcía fue ejecutado por policías en San Pedro Sula, a 40 kilómetros de El Progreso, después de ser interceptado por un agente de tránsito que recibió instrucciones de un capitán del Batallón 3-16.
El 10 y 11 de mayo de 2022, Honduras "presentó un reconocimiento de la responsabilidad" del crimen ante la Corte, lo que facilitó el juicio.
Según un informe de 1993 del estatal Comisionado de Derechos Humanos, entre 1979 y 1989 escuadrones de la muerte del ejército y la policía entrenados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, también hicieron desaparecer a 184 personas sospechosas de pertenecer a grupos revolucionarios.
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