(02/07/23 - Jujuy)-.Un grupo de individuos irrumpió en la casa de una docente y artista jujeña, que fue agredida y amenazada. En otro domicilio familiar de la capital jujeña, la policía del Gobernador Gerardo Morales irrumpió violentamente y sin orden de allanamiento. Tanto la docente como uno de los integrantes de la familia mencionada, participaron en las recientes manifestaciones contra la Reforma Constitucional, del 20 de junio, que fueron brutalmente reprimidas.
En la madrugada del 28 de junio, tres sujetos sin identificaciones (dos mujeres y un varón) y con barbijos, ingresaron sin permiso y violentamente al domicilio de Camila Müller, una docente y artista jujeña, que se encontraba sola y acto seguido sin mediar palabras la redujeron y la agredieron física y psicológicamente. Luego, antes de retirarse le dijeron que “tenga cuidado con los piqueteros, ya que se le pueden meter en la casa”.
Una situación similar se vivió a la misma hora, en otro barrio de la capital jujeña, donde unos diez efectivos de Infantería y de la Brigada de Investigaciones encapuchados y sin identificación irrumpieron por la fuerza y fuertemente armados, en el domicilio de la familia Domínguez, donde se llevaron detenidos a Marco Antonio Domínguez de 18 años, quien el pasado 20 de junio había sido detenido y golpeado brutalmente y llevándose detenida a su novia Belén Ontiveros. Durante el operativo ilegal redujeron a toda la familia en el piso, incluido a uno de sus miembros que padece Autismo y les apuntaron en la cabeza con armas de fuego, antes de retirarse los obligaron a desnudarse a todos, frente a todos los supuestos policías y aparentes testigos, luego procedieron a robarle dos motos, un automóvil y $ 200.000 que la familia tenía destinado para la operación de uno de sus nietos que padece un problema auditivo, operación que se encuentra en trámite en el Instituto de Seguros de Jujuy. Los supuestos efectivos tiraron una bolsita de pasta base frente a la vista de todos los presentes y se retiraron riéndose. Estos dos procedimientos criminales han sido denunciadas frente a la Justicia y están ampliándose con otras denuncias.
Estas prácticas horrorosas y mafiosas propias de un Estado Terrorista tienen como objetivo generar temor e inmovilizar a la población. Tanto en la feroz represión a las Comunidades Originarias ocurrida en la localidad de Purmamarca el 17 de junio, como en la brutal represión de San Salvador de Jujuy del 20 de junio pasado, en ambas situaciones se documentaron graves violaciones a los de Derechos Humanos como: la inhabilitación de señales de telefonía móvil donde se ejecutaban operativos represivos, con el fin de evitar la comunicación y la divulgación de imágenes en vivo; el secuestro en la vía pública realizado por supuestos policías, que se trasladaban encapuchados y sin identificaciones en camionetas sin patentes, los allanamientos y detenciones arbitrarias sin órdenes judiciales en innumerables domicilios de la capital jujeña, la destrucción de propiedad privada (vidrieras de comercios y vehículos automotores, etc.) efectuados por efectivos de civil que actuaron impunemente, en cercanías de sus colegas uniformados, mientras estos últimos ni siquiera atinaban a detenerlos, todos actos de enorme gravedad institucional.
Frente a esta avanzada represiva e intimidatoria convocamos este martes a la tarde a una Gran Movilización del Silencio, en San Salvador de Jujuy y en todas las ciudades de la Provincia para repudiar estos gravísimos sucesos violatorios de los Derechos Humanos como también para exigirle a la Justicia Provincial el urgente esclarecimiento de estos hechos. Haciéndolo responsable al Gobierno de Gerardo Morales de cualquier afectación sobre la integridad física y psíquica de todos los manifestantes que están en contra de la Reforma Constitucional.
Asimismo, reafirmamos la decisión irrenunciable de continuar con las movilizaciones pacíficas en las calles y en las rutas, en paralelo con campañas de difusión y concientización a lo largo y ancho de la provincia; acciones que deben ir acompañadas de demandas formales ante la Justicia contra la Reforma Constitucional, que no tiene consenso social y que viola principios y garantías presentes en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales a los que la Nación está adherido.

Publicar un comentario