(24/07/23 - Elecciones 2023/Opinión, Por María Aguirre).- La mirada sobre la participación del Estado en empresas públicas en tiempos de campaña electoral reaviva un histórico debate: ¿Cómo deben ser concebidas esas compañías? ¿Deben pensarse como instrumentos estratégicos de desarrollo o solo en función de sus utilidades?
Las visiones sobre rol del Estado y su participación -o no- en áreas estratégicas de la economía vuelven a ponerse en juego en las presidenciales de este año, tanto para quienes asumen la intervención estatal en empresas públicas como un ordenador del diseño del desarrollo del país como para aquellos que la desechan, por considerarla una desnaturalización de las atribuciones del Estado y un freno a la inversión privada.
El fin medular de las empresas estatales, la gestión pública que se hace de ellas y su rédito económico son parte de un discurso que se repite cada 4 años -con defensores y detractores- y que este 2023 volvió a estar en el foco tanto en la coalición gobernante Unión por la Patria (UxP) como en los espacios opositores Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA).
Esta semana, el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de JxC, Horacio Rodríguez Larreta apeló una vez más a un típico eslogan de campaña: "Aerolíneas Argentinas (AA) tiene que funcionar en equilibrio, sin un subsidio del Estado todos los años", dijo y aseguró que cada vez que una familia argentina compra leche le está "subsidiando" el viaje a Roma "a un familiar de un empleado de Aerolíneas".
El precandidato a la Presidencia por UxP y ministro de Economía, Sergio Massa, le retrucó justamente en el acto que celebraba los 15 años de la reestatización de AA: "Aerolíneas, con el vuelo a Roma, ganó en el primer semestre 12 millones de dólares y de ninguna manera ningún vecino del conurbano le pagó el pasaje a nadie".
Además, el presidente de Aerolíneas, Pablo Ceriani, advirtió que si no existiera la empresa aeronáutica de bandera, "el Tesoro perdería 36 mil millones de pesos de recaudación de impuestos" por las compras de pasajes hacia los 39 destinos a los que vuela la compañía (21 de los cuales no reciben a otras aeronaves) y destacó que, en lo que va del año, ya viajaron por Aerolíneas 500 mil pasajeros más que en todo el 2019.
Recordó incluso que el Gobierno de Mauricio Macri "fue para la aviación peor que la pandemia" porque su gestión en materia aeronáutica puso en riesgo "la conectividad en todo el territorio" y causó, por ejemplo, que en el 2019 tuvieran que dejar el país las empresas Latam, Andes, Norwegian y Avian.
Por su lado, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, tuvo un cruce esta semana con el extitular de la cartera durante el macrismo, Guillermo Dietrich, quien había cuestionado la expansión de Aerolíneas Argentinas en el actual período presidencial.
En su réplica, Giuliano advirtió que tanto JxC como el de espacio de Javier Milei buscan "cerrar o eliminar" la aerolínea de bandera.
"Estamos orgullosos de que JetSmart haya cuadruplicado y FlyBondi haya triplicado su flota, sumando 7 aviones cada una en 4 años. Los que quieren cerrar o eliminar a Aerolíneas Argentinas son ustedes y Milei", expresó el ministro desde su cuenta de Twitter.
En su plataforma electoral, UXP concibe a las compañías nacionales como instrumentos "estratégicos" de la política económica y enumera líneas de acción en ese sentido: "Fortalecer las empresas públicas nacionales, promover la articulación público-privada para estimular la adopción de nuevas tecnologías y promover la creación de empresas".
Con ese objetivo, el diputado oficialista Máximo Kirchner presentó esta semana un proyecto de ley con el propósito de evitar una futura privatización de Aerolíneas Argentinas, para lo cual propuso "introducir un párrafo 5º al artículo 1º de la Ley 26.466, con el fin de replicar el requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 26.741 de YPF, en cuanto a la prohibición de la transferencia de las acciones sin la autorización del Congreso votada por las dos terceras partes de sus miembros".
"En cuanto al impulso que el transporte aéreo genera en la economía, en el 2022 Aerolíneas aportó 6000 millones dólares al PBI nacional y tuvo la pérdida más baja desde la reestatización: 246 millones de dólares. No sólo se está logrando que la compañía requiera menores aportes, también su peso relativo en el Presupuesto se achica año tras año", se explica en los argumentos de la iniciativa.
Además, el proyecto resalta que si "en 2023 Aerolíneas representa el 0,31% del Presupuesto total de gastos" del Estado nacional, cuatro años atrás, en 2019, durante el último año de la gestión Cambiemos, la compañía representaba el "0,48%".
Por su parte, la coalición conformada por PRO, UCR, Encuentro Republicano Federal y Coalición Cívica detalla en su plataforma electoral una propuesta muy diferente para las empresas del Estado, que resume en cinco puntos.
"Para terminar con el auxilio nacional para cubrir el déficit de las empresas públicas iremos a una supervisión profesional cuyo objetivo será generar valor en el conjunto de empresas de propiedad estatal", arranca la alianza opositora.
"Esta deberá exigir a las empresas un desempeño económico con objetivos específicos, medibles y comparables, estándares de transparencia similares a los de las empresas listadas en la Bolsa de Valores y políticas de integridad y sustentabilidad", continúa la coalición opositora.
Si bien en su plataforma JxC evita mencionar si empresas como Aerolíneas permanecerán en el Estado, algunos de sus principales referentes ya se pronunciaron en más de una oportunidad a favor de recurrir nuevamente a las privatizaciones.
La historia de las últimas décadas de la petrolera YPF, con su privatización y posterior reestatización, representa un caso emblemático de la polémica sobre el rol del Estado, su función económica y su dimensión que atraviesa más de medio siglo de historia argentina.
En el 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsó por ley la declaración de utilidad pública y expropiación del 51% de las acciones de YPF S.A., por entonces pertenecientes a la petrolera española Repsol, con el objetivo para frenar "una política de vaciamiento ejercida" por esa compañía y recuperar soberanía energética con el manejo del petróleo.
Según el Cippec, en una publicación del 2016 titulada "El péndulo del mercado al Estado", YPF producía en el 2015 -último año del Gobierno kirchnerista- el 40% del total del petróleo".
Cuatro años después, sobre el fin del mandato de Macri, las acciones de YPF en Wall Street mostraron su precio más bajo de los últimos 26 años: cayeron a 8,14 dólares por unidad, advirtieron analistas financieros en septiembre del 2019.
Fue el valor más bajo desde 1993 e incluso menor a su cotización en situaciones críticas, como después de la crisis política, económica y social argentina del 2001 (US$ 8,17) o después de la crisis mundial del 2008 (US$ 15,86) e incluso luego de la reestatización dispuesta por Fernández de Kirchner, cuando las acciones llegaron a 9,21 dólares.
La recuperación para el Estado de las acciones de YPF permitieron el desarrollo de Vaca Muerta, la segunda reserva de petróleo no convencional del mundo, que permitirá reducir las importaciones de gas en US$ 4.200 millones y, a su vez, exportar por US$ 17.000 millones al año.
En resultados, durante los 12 años de mandatos kirchneristas se construyeron 3200 kilómetros de la red troncal de Vaca Muerta, en tanto que durante la gestión de Cambiemos se desarrollaron 53 kilómetros.
En tanto, la plataforma ultraliberal de LLA, liderada por el precandidato a la Presidencia Javier Milei, le da a sus propuestas un tono categórico, aunque sin demasiada fundamentación ni detalles de cómo serían instrumentadas.
Para una primera etapa, los libertarios dicen planear un "fuerte recorte del gasto público del Estado" para "optimizar los recursos" nacionales, en lo que constituye un hipotético inicio de gestión que está en línea con las recomendaciones de ciertas fundaciones del sector privado -como la Fundación Mediterránea-, a la hora de pensar programas de Gobierno.
En el capítulo denominado "reforma económica", el partido de Milei plantea la necesidad de la "privatización de las empresas públicas deficitarias" y, entre otras consideraciones, explica su objetivo de "achicar a 8 el número de ministerios".
"La mejor manera de preservar e invertir en el capital humano de la Argentina es fusionando los ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación", remarca como premisa general.
Publicar un comentario