Según la jurista, una nutricionista del MSP emitió un informe el 10 de febrero de 2026 en el que señala que el exsegundo mandatario perdió nueve kilos en tres meses. En ese sentido, la especialista denunció que no pudo realizar una evaluación completa porque no le permitieron ingresar con sus instrumentos médicos.
“La doctora mandó una dieta que tampoco se ha cumplido (…) El Estado es consciente del cuadro de desnutrición”, mencionó.
Cuadro psiquiátrico grave
La abogada indicó que Glas tiene un cuadro psiquiátrico grave debido a lo que vivió durante las masacres carcelarias y, por ello, necesita tomar 22 fármacos con 45 dosis diarias; sin embargo, la dotación de su medicación es discontinua.
“Sufre de tortura psicológica. No se ha permitido el ingreso de visitas familiares desde diciembre de 2024”, agregó en un video publicado en su cuenta de X.
Sonia Vera resaltó que, en 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado trasladar a Jorge Glas a un centro hospitalario, al considerar que las condiciones de detención atentaban contra su vida, su integridad y su salud, pero la disposición tampoco se ha cumplido.
Incomunicado
Vera advirtió que el ex vicepresidente no ha podido conversar con sus abogados nacionales desde que fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena. Con ella, en cambio, las reuniones por Zoom no cumplen con los protocolos de confidencialidad que deben existir entre abogado y defendido.
“Siempre está vigilado, sin audífonos y tiene miedo de hablar”, acotó.
Hábeas corpus
La jurista detalló que el 9 de febrero de 2026 la defensa de Glas solicitó un hábeas corpus correctivo que no busca ningún tipo de privilegio, sino que se garanticen condiciones mínimas para que el exsegundo mandatario pueda continuar con vida y no muera de desnutrición, mediante el ingreso de suplementos alimenticios y el cumplimiento de una dieta.
“Estamos pidiendo que no lo dejen morir de hambre”, subrayó.
La audiencia para resolver la medida está prevista para el jueves 2 de abril de 2026 y, en ese sentido, Sonia Vera enfatizó que la justicia ecuatoriana tiene una oportunidad para actuar en derecho.
“Y a la comunidad internacional, pedirle que no mire a otro lado”, remarcó.
Vera detalló que, a la par de este proceso judicial, los abogados están solicitando la ampliación de medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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