Al menos cuatro causas judiciales diferentes se iniciaron este año o avanzaron en dirección a desentrañar maniobras de presunto espionaje ilegal que habrían sido desplegadas desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri, en contra de dirigentes políticos, pero también de empresarios, sindicalistas, periodistas y hasta de los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.
Las causas -distribuidas entre los jugados federales de Comodoro Py, Lomas de Zamora y Dolores - en todos los casos tienen como principales investigados a los exjefes de la central de espías durante la gestión Cambiemos, el representante de jugadores de fútbol Gustavo Arribas y la ex diputada Silvia Majdalani.
A lo largo de las distintas investigaciones judiciales, en los descargos de los ex espías acusados se repite el patrón conocido como de "irresponsabilidad organizada" en el que los mandos directivos aseguran que nunca dieron órdenes ilegales mientras que quienes las ejecutaron sostienen que no sabían que lo eran.
Las investigaciones alcanzan a la ex cúpula de la AFI, a los ex directores de las áreas como contrainteligencia y jurídicos, pero también a una larga lista de agentes rasos –de oficina y de campo-, muchos de los cuales estaban agrupados en el ya célebre grupo de Whatsapp identificado como los "Super Mario Bross".
Los ex titulares de la AFI llegan a las navidades procesados, por lo menos, como supuestos responsables de haber ordenado e intentado ocultar el espionaje ilegal sobre el Instituto Patria, y sobre el domicilio de la vicepresidenta y entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner en 2018, y por el despliegue de bases de la provincia de Buenos Aires para hacer espionaje político, mientras que ya prestaron declaración indagatoria por otros casos.
El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge los procesó en agosto pasado tras dar por probado que "al menos desde mayo y hasta diciembre de 2018" Arribas y Majdalani "impartieron órdenes" al procesado exjefe de Operaciones Especiales de la central de espías, Alan Ruiz, para que coordine "un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia, quienes se dedicaron a realizar tareas de inteligencia y espionaje ilegal".
Las maniobras de inteligencia ilegal habrían consistido "en llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidario, social, sindical y/o cultural".
Probablemente antes de fin de año, el juez Auge y su par de Dolores, Alejo Ramos Padilla, definan la situación procesal de los exjefes de la AFI también en relación a otros hechos que se investigan en sus respectivas jurisdicciones, por los cuales ambos ex funcionarios ya fueron indagados.
El juez Auge ya los indagó por el supuesto espionaje ilegal en contra de dirigentes y de periodistas –en base a rastros de seguimientos hallados en conversaciones de whatsapp entre ex espías-, mientras que Ramos Padilla los procesó el último miércoles en el marco del caso D´Alessio, que permitió descubrir el accionar de las bases metropolitanas de la AFI.
De acuerdo con la investigación que lleva adelante el juez de Dolores, en territorio bonaerense operó de manera ilegal una red de espías que se colocó bajo el paraguas del "Proyecto AMBA" de la AFI, supuestamente creado para investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas.
El despliegue territorial de las maniobras incluyó bases de la AFI en Ezeiza, Haedo, San Martín, Quilmes, Pilar y La Matanza que funcionaron en coordinación con las "bases históricas" del organismo en grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires como La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, según se desprende del fallo.
Cuando Ramos Padilla solicitó colaboración de la actual intervención de la AFI, a cargo de Cristina Caamaño, se encontró con que en la base de Mar del Plata había registros en discos rígidos que daban cuenta de que se había realizado inteligencia sobre los familiares de las víctimas del hundimiento del Ara San Juan.
Esos hallazgos provocaron que la AFI presentara una denuncia ante la Justicia Federal de Mar del Plata pero, tras los primeros pasos del fiscal Daniel Adler, que comenzó a recibir los testimonios de las víctimas, el juez federal Daniel Inchausti decidió declinar su competencia en favor de Dolores, decisión que fue apelada y ahora está bajo análisis del tribunal de apelaciones.
Entre los elementos de prueba hallados, se encontraron fotos de las marchas realizadas por los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan e, incluso, informes de sus movimientos en relación a una visita del entonces presidente Mauricio Macri a Mar del Plata, donde lo abordarían para llevarle sus reclamos.
En Comodoro Py, en tanto, se iniciaron este año dos expedientes por denuncias realizadas por la intervención de la AFI: una es por la supuesta pinchadura de emails de personas vinculadas a la política –a partir de retazos de correos electrónicos encontrados en un disco rígido- y la otra está basada en el presunto espionaje a periodistas.
Ese caso se disparó luego de que en la AFI se detectara que, durante el gobierno de Macri, se habían confeccionado fichas de 403 periodistas, 28 académicos, 58 empresarios, personalidades de la sociedad civil y distintos dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas que pretendían cubrir, participar o vincularse de alguna forma con dos eventos internacionales celebrados en Buenos Aires: la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio de 2017 y la Cumbre del G20 de 2018.
Mientras los distintos casos avanzan, la principal estrategia de defensa de los exjefes de la AFI pasa por llevar todas las investigaciones a los tribunales federales porteños de Comodoro Py bajo el pretexto de que allí se encuentran las sedes centrales de la casa de espías, sindicado como el lugar desde el que emanaron las órdenes para el espionaje.
Por Ariel Zak, Telam
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