El gobierno de Javier Milei oficializó el nuevo esquema de haberes para abril mediante las Resoluciones 74/2026 y 79/2026, publicadas esta semana. La actualización sigue la fórmula de movilidad jubilatoria vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago.
Con ese mecanismo, la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) quedó fijada en 380.319,31 pesos para el mes de abril. El haber máximo, en tanto, ascendió a 2.559.188,80 pesos.
Al sumar el bono de 70.000 pesos (que no recibió actualización alguna en más de dos años), el ingreso total de los jubilados de la mínima llega a 450.319,31 pesos mensuales. Para colmo, la medición de la inflación de INDEC se enfrenta a cuestionamientos por la decisión de no actualizar la metodología.
Ese monto quedó por debajo de la Canasta Básica Total que el INDEC utilizó en febrero pasado para determinar el umbral de pobreza de un adulto: 452.321 pesos. Es la primera vez desde que se implementó el bono que los jubilados de la mínima no alcanzan ese límite, aun con el refuerzo incluido.
Si el bono se hubiera actualizado por inflación desde marzo de 2024, según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), debería valer en abril 198.015 pesos, casi tres veces su valor actual.
Apenas el 25% de la canasta básica de los jubilados
La comparación con la línea de pobreza general, sin embargo, no refleja la totalidad de las necesidades de los adultos mayores. Para eso existe la Canasta Básica de los Jubilados, relevada cada seis meses por la Defensoría de la Tercera Edad, a cargo del Dr. Eugenio Semino.
En marzo de 2026, esa canasta alcanzó los 1.824.682 pesos, lo que representa un aumento del 20,51% respecto a la medición anterior, con una diferencia de 310.607,87 pesos. Frente a ese valor, la jubilación mínima más el bono apenas cubre el 24,67% de los requerimientos estimados para la tercera edad.
El relevamiento de la Defensoría toma como base los precios en los principales centros urbanos del país: la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano Bonaerense y las ciudades de Mendoza, Córdoba y Rosario.
Semino explicó que el estudio contempla una variedad de situaciones habitacionales: “Esta medición incluye gastos de vivienda que contemplan un licuado de variables tales como mantenimiento de un inmueble propio, alquiler, y la vida de adultos mayores en pensiones”.
Sobre la salud, añadió que “el rubro medicación contempla una variedad de medicamentos de diferentes patologías, considerando el descuento que se realiza en farmacias según la obra social del jubilado”.
El detalle de los gastos relevados muestra que los medicamentos representan el rubro más costoso: 503.600 pesos, equivalentes al 28% del total. Le sigue la alimentación con 410.640 pesos (23%), la vivienda con 360.150 pesos (20%) y los servicios con 151.350 pesos.
El informe de la Defensoría señala que cuatro millones y medio de jubilados cobran la mínima. Además, quienes perciben la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) recibieron 295.680,71 pesos más el bono, mientras que los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por discapacidad cobraron 258.720,61 pesos más el mismo refuerzo congelado.
El documento concluye con una advertencia: “No es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta. Son siete millones de jubilados y jubiladas, ¿Cómo puede salir adelante un país cuyo Estado hunde directamente en la pobreza a más del diez por ciento de su población? La deuda sigue siendo con ellos”.
Caída sostenida: el poder adquisitivo retrocede desde mediados de 2024
El deterioro no es un fenómeno puntual de abril. Según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), la jubilación mínima con bono cayó un 6% en términos interanuales en febrero de 2026.
El ODSA explica que el retroceso tiene dos causas principales. Por un lado, el mecanismo de actualización con rezago de dos meses hace que cuando la inflación se acelera, el ajuste aplicado no alcance para compensar la suba de precios. Por otro, el bono de 70.000 pesos permanece congelado desde marzo de 2024, sin ningún tipo de corrección.
En términos más amplios, entre junio de 2025 y febrero de 2026 la jubilación mínima sin bono se redujo un 2,6%, mientras que la mínima con bono cayó un 5,3% en el mismo período. El nivel actual representa además una pérdida del 8,1% respecto de junio de 2024, que fue el punto más alto registrado durante la gestión de Milei.
En perspectiva histórica, el haber mínimo con bono equivale al 75% del promedio de 2018, el último año en que los haberes no contaban con compensaciones adicionales de ningún tipo.
El ODSA también identificó una irregularidad técnica que podría agravar la situación a futuro: el gobierno aún no publicó la actualización del Índice de Precios al Consumidor basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017-2018). El organismo advirtió que “de no publicarse, se corre el riesgo de que las actualizaciones no se correspondan con los cambios que efectivamente perciben los hogares en los costos que deben afrontar cada mes”.
El escenario de abril marca un punto de inflexión: por primera vez desde la creación del bono, ni siquiera la suma del haber mínimo y el refuerzo alcanza para superar el umbral de pobreza. La brecha entre los ingresos de los jubilados de la mínima y el costo real estimado para la tercera edad es de más de 1,37 millones de pesos mensuales.
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