Ante el inminente fallo qdel caso de la Comunidad Campo Maripe, la Confederación Mapuche de Neuquén destacó en las redes sociales que “la justicia no debe aceptar ser el garrote de un conflicto que es político y que tiene una herramienta para resolverlo: “que el gobierno cumpla con la ley de relevamiento territorial”.
El conflicto de Añelo tiene semejanzas con Villa la Angostura donde, a pesar de los años, no se termina de resolver la disputa entre la Comunidad Paisil Antriao con privados y el mismo municipio en tierras del faldeo en el Cerro Belvedere.
Tras varias idas y vueltas no se concretó el Relevamiento Territorial que se estableció por una ley, que permitiría dar un panorama más claro sobre la valides o no de las tierras que reclaman los mapuches y que se encuentran en manos de privados, o de la misma municipalidad como el caso del camping del Lago Correntoso.
Se viene el fallo sobre el caso de Añelo
Mañana martes 23 de abril el juez Gustavo Ravizzoli, dará a conocer el veredicto en la causa contra seis integrantes de la comunidad Campo Maripe que están imputados de usurpación por despojo, y turbación de la posesión, de un lote en Añelo.
El fiscal Marcelo Silva pidió ayer que cinco de ellos fueran declarados penalmente responsables. El abogado querellante, Juan Manuel Coto, mantuvo la acusación por la totalidad. La defensora Micaela Gomiz solicitó que sean absueltos
Ayer se realizó la última jornada del juicio, que estuvo marcada desde el primer día por una altísima concurrencia de público. En su alegato de cierre Silva afirmó que estaba acreditado que el 12 de noviembre de 2014 los acusados ingresaron al terreno ubicado sobre ruta provincial 17, kilómetro 154, e invadieron el lote que pertenece a los denunciantes Gilberto, Andrés y Pablo Vela. Sólo desistió de la imputación contra Marta Campo.
Coto dijo que la posesión del lote es exclusiva y que los titulares registrales son sus patrocinados. Planteó que Campo Maripe “es una comunidad nueva” que tuvo un “despertar” de su identidad indígena.
“No hay ninguna prueba de que llevan una vida comunitaria”, agregó. Para justificarlo mencionó que algunos de ellos “han tenido trabajo registrado” y han asumido como concejales. Remarcó que los denunciantes perciben las “servidumbres históricas” que paga YPF por el acceso a la zona de explotación hidrocarburífera. Añadió que el único interés que persigue la comunidad es el beneficio económico.
Gomiz realizó otro enfoque del caso. Aseguró que no se trata de un conflicto entre privados que debe dirimirse en un tribunal penal. Sostuvo que el hecho debe ser analizado según las pautas culturales y el esquema jurídico que reconoce los derechos de las comunidades originarias.
Señaló que la fiscalía y la querella menoscabaron la identidad indígena de los imputados, a los que no consideraron nunca como “verdaderos mapuches”. Los acusadores subrayan como bisagra el 24 de octubre de 2014, cuando se le otorga al lof Campo Maripe la personería jurídica. “Las comunidades no nacen en el momento de la inscripción, la preexistencia es del pueblo mapuche”, explicó la defensora.
Insistió que, durante el juicio, se hicieron manifestaciones racistas hacia los imputados al descalificar su vestimenta. Se refirió a que la permanencia de la comunidad en el territorio está probada y que la ocupación ha sido indígena, tradicional y colectiva. Al finalizar enfatizó en que aún no ha concluido el relevamiento previsto en la ley 26.160, y por tanto no hay certeza jurídica de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas en el país.(Río Negro/La Angostura Digital)
Fuente: http://www.laangosturadigital.com.ar
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