El reclamo comenzó luego que los miembros de la comunidad se vieran obligados a migrar de manera forzada desde la provincia de Salta hacía Buenos Aires. El Concejo Deliberante debe aprobar la ordenanza para refrendar este contrato y efectivizar la entrega de las tierras. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) asesora y acompaña a la comunidad desde el 2012.
La comunidad Iwi Imemb´y (Hijos de la Tierra), perteneciente al pueblo Ava Guaraní, fue despojada de su territorio tradicional en septiembre del 2003. En ese momento la provincia de Salta había vendido a la empresa Seabord Corporation tierras que figuraban en los registros provinciales como tierras fiscales, pero que estaban ocupadas ancestral y tradicionalmente por la comunidad indígena Iguopeigendá. En el marco de ese conflicto, un juez ordenó el desalojo.
Por esa decisión judicial, algunos de sus miembros se vieron forzados a migrar a la provincia de Buenos Aires; muchas de esas familias se asentaron hace 16 años en el paraje El Peligro de La Plata. Desde el 2012, con el asesoramiento y acompañamiento del programa de Pueblos originarios y migrantes de la CPM de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la comunidad viene reclamando que se garantice el derecho de acceso a la tierra para el desarrollo humano de la comunidad Iwi Imemb´y.
La firma reciente del contrato de comodato podría empezar a destrabar ese conflicto. Luego de años de lucha, de presentaciones ante la justicia y autoridades gubernamentales, los integrantes de la comunidad llegaron a un acuerdo con el municipio de La Plata para la cesión de tierras aptas y suficientes para el desarrollo de la comunidad conforme a sus pautas culturales.
En representación de las nueves familias asentadas en La Plata, integrantes de la comunidad firmaron el contrato que cede en préstamo por 99 años la parcela municipal ubicada en calle 38 entre ruta provincial 36 y calle 36 de la localidad de Abasto. El acceso a la tierra permitirá reagrupar a todas las familias de la comunidad y ejercitar sus costumbres ancestrales de pueblo agricultor, con el objeto de desarrollar su cultura, en relación con la naturaleza, cultivando la tierra, favoreciendo a la preservación de su identidad y cosmovisión como comunidad indígena de manera colectiva.
El contrato de comodato debe ser refrendado por el Concejo Deliberante y, desde el momento de su firma, los representantes de la comunidad enviaron una nota a todos los integrantes del cuerpo legislativo con el fin de ser convocados para plantear las necesidades de la comunidad y, en particular, la necesidad de que se sancione la ordenanza que ratifique el contrato.
Para los pueblos originarios el acceso a la tierra está íntimamente vinculado con la posibilidad de desarrollar y ejercer el resto de los derechos. Los derechos de estos pueblos están reconocidos en todo el andamiaje jurídico nacional e internacional, sin embargo pocas veces se hacen efectivos. Este contrato de comodato empieza a desandar el camino a un conflicto que tiene 16 años y a la lucha que la comunidad nunca abandonó.
(ANDAR)
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