“Advertimos que la ministra ha incurrido en prácticas contrarias a los principios más elementales en materia de seguridad democrática, desde el principio de su gestión, avalada por el propio presidente Mauricio Macri. Ha argumentado groseramente a favor del accionar de las fuerzas de seguridad a su cargo, en diversos hechos de violencia estatal acaecidos a lo largo y ancho del país, tomando decisivo partido a favor de distintos miembros de esas fuerzas, implicados en graves hechos”, comienza diciendo el comunicado firmado por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, HIJOS Capital, y otras agrupaciones.
Patricia Bullrich dijo el viernes en una entrevista: “El caso Chocobar es un claro ejemplo de cómo deben actuar las fuerzas policiales en cumplimiento de su deber. Lo que pasaba antes en la Argentina es que cuando un policía actuaba, independientemente de lo que hubiera hecho, aparecía un aparato ideológico con el CELS, Correpi, que lo condenaban por el solo hecho de ser policía. Con el caso Arruga se encontró la prueba de que nunca se lo había llevado la policía, que apareció en la General Paz porque lo había atropellado un auto y que estaba como NN enterrado. Arruga fue una construcción, como quisieron hacer con el caso Maldonado”.
En ese contexto, los organismos de Derechos Humanos solicitan que Patricia Bullrich sea separada de su cargo, porque “el cambio de paradigma que la ministra reivindica como política de su gestión constituye el peor retroceso sufrido en Democracia, después del indulto a los genocidas, y pone en serio riesgo al Estado de Derecho”.
Declaración de organismos de DDHH
Rechazamos de manera rotunda las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich en las que, entre otras barbaridades, acusa a los Organismos de Derechos Humanos con expresiones absolutamente falsas, alejadas de la realidad, y plagadas de contradicciones.
Advertimos que la ministra ha incurrido en prácticas contrarias a los principios más elementales en materia de seguridad democrática, desde el principio de su gestión, avalada por el propio presidente Mauricio Macri. Ha argumentado groseramente a favor del accionar de las fuerzas de seguridad a su cargo, en diversos hechos de violencia estatal acaecidos a lo largo y ancho del país, tomando decisivo partido a favor de distintos miembros de esas fuerzas, implicados en graves hechos.
La ministra Bullrich ha violentado normativa preexistente para favorecer el uso indiscriminado y abusivo de las armas por parte de las fuerzas policiales, e incluso ha alentado públicamente el uso de armas en la población civil, contraviniendo compromisos nacionales e internacionales. Junto al presidente Macri ha defendido a funcionarios y agentes de seguridad involucrados en graves delitos contra la integridad y la vida.
La ministra Bullrich miente en sus dichos sobre la desaparición de Luciano Arruga, cuando quedase demostrado que el adolescente fue hostigado, perseguido, detenido y torturado por policía local, existiendo pruebas evidentes de que en su desaparición intervino el Estado mediante el accionar violento de su fuerza de seguridad, que además contó con la complicidad del sistema de salud y del poder judicial. Luciano Arruga fue buscado por sus familiares, amigxs y compañerxs con el acompañamiento y auxilio de los Organismos de Derechos Humanos, esos a los que la ministra denigra. Esa búsqueda culminó tras un largo peregrinar, en que lograron hallarlo enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita.
La ministra Bullrich además de mentir, desconoce y contraría el fallo de la Cámara Federal de General Roca, en la causa por el asesinato del joven Rafael Nahuel, que revocó la bochornosa sentencia de primera instancia y ordenó la detención del oficial del grupo Albatros, responsable de la muerte del joven mapuche, tal y como largamente lo reclamase su familia y el Organismo querellante.
El cambio de paradigma que la ministra reivindica como política de su gestión constituye el peor retroceso sufrido en Democracia, después del indulto a los genocidas, y pone en serio riesgo al Estado de Derecho.
Los Organismos de Derechos Humanos coincidimos con el pedido de juicio político a la ministra, que efectuaran por estas horas distintos bloques parlamentarios, con sustento en la responsabilidad que le cabe a la funcionaria por las flagrantes y gravísimas situaciones de violencia institucional promotoras de tanta muerte y de tanto sufrimiento.
Por todo ello procede y por lo tanto exigimos al Poder Ejecutivo Nacional, que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich sea separada de inmediato de su cargo, que tan indignamente desempeña.
* Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Liga Argentina por los Derechos Humanos; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; HIJOS Capital; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Comisión por la Memoria la Verdad y la Justicia Zona Norte; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza; Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.
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