Nuevamente el Gobierno de Nicaragua expresó su disposición de continuar las negociaciones con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) en aras de buscar una pronta solución a la situación que vive este país desde abril de 2018.
Los delegados del Gobierno de Daniel Ortega exigen a la oposición que retomen las platicas con seriedad para el avance de los acuerdos y solicitar a la comunidad internacional la suspensión de sanciones aprobadas por parte de Estados Unidos y países de la Unión Europea (UE).
La delegación estatal en la mesa de negociación asegura que, de aplicarse las sanciones, conllevaría a un impacto social irreversible en la economía nacional.
Como parte del avance de los acuerdos, el Estado nicaragüense ha dado libertad a más de 350 ciudadanos detenidos durante las protestas.
Para el subprocurador de derechos humanos de Nicaragua, Adolfo Jarquín Ortel, la aplicación de esas sanciones sería violatorio a los derechos de los nicaragüenses.
El Gobierno de Estados Unidos ha amenazado a este país con la aplicación de ley de Condicionalidad de la Inversión Nicaragüense, conocida como NICA Act (acrónimo en inglés de Nicaraguan Investment Conditionality Act) si no se toman decisiones en las que permitan adelanto de elecciones y restauración de la democracia y libertades públicas.
No obstante, el Gobierno de Ortega ha rechazado la injerencia internacional y aseguró que cumplirá con la Constitución Política y habrán elecciones hasta el 2021.
El Gobierno de Daniel Ortega promoverá a comerciantes, productores, emprendedores y cooperativas que se han visto afectadas por la situación que enfrenta este país desde abril de 2018. Con ello se busca recuperar el ritmo de crecimiento económico, que según estadísticas oficiales promediaba el cinco por ciento anual.
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