El ministro del Interior, Horst Seehofer, informó en una sesión de la Cámara Baja del Parlamento que a pesar de la revelación, las dudas persisten y hasta se multiplican por lo que las investigaciones sobre las circunstancias y los motivos del asesinato prosiguen.
Dijo que 'el fiscal general nos ha informado de que el presunto asesino ha confesado', y añadió que 'nos alegramos de ese éxito, pero las investigaciones no han terminado. Tenemos que seguir trabajando para determinar si hubo cómplices', dijo.
De 45 años y conocido en círculos neonazis del estado federado de Hesse, Ernst fue detenido el pasado 17 de junio y la Fiscalía Federal explicó entonces que el asesinato de Lubcke se investigaba como 'acto ultraderechista'.
El político alemán, perteneciente a la Unión Demócrata Cristiana (CDU), el partido de la canciller federal, Angela Merkel, se había convertido en una figura odiada por la ultraderecha, debido a su actitud en defensa de la acogida de refugiados.
Lubcke murió de un tiro en la cabeza cuando se encontraba en la terraza de su casa en Wolfhagen-Istha, en el oeste del país.
En una acto en 2015, respondió a insultos de la ultraderecha diciendo que quienes no compartían ciertos valores humanitarios estaban en libertad de dejar el país.
Según medios de prensa alemanes, el asesino confeso estuvo presente en ese acto, en el que Lubcke defendió la acogida de los refugiados.
Sin embargo, las autoridades no han precisado cuáles pudieron ser los motivos del crimen, que el ministro Seehofer califica de asesinato político.
Tampoco se conoce por qué razón Ernst no estaba sometido a vigilancia, a pesar de que se sabía de su potencial peligrosidad.
El homicidio ha revivido en Alemania el debate sobre la necesidad de ponerle fin a la violencia ultraderechista, a pocos días de que dos dos alcaldes alemanes, a favor de una política proinmigrantes, recibieron amenazas de muerte.
El pasado lunes el presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, pidió una acción conjunta contra el odio y la violencia, y consideró 'una señal de alarma para nuestra democracia' las agresiones, amenazas e insultos contra alcaldes y políticos locales.
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