De hecho, el Supremo Tribunal Federal (STF) rechazó el primero de los dos hábeas corpus presentado por la defensa de Lula da Silva, donde solicitaba la anulación del fallo pronunciado contra Lula por el exjuez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, por supuesta “parcialidad”.
Unas revelaciones a principios de junio mostraron cómo Sergio Moro y el fiscal del país Deltan Dallagnol aprovecharon el caso de corrupción de Lava Jato para obstaculizar una eventual victoria del Partido de los Trabajadores (PT) en las presidenciales de 2018.
“Mis abogados recurrieron al Supremo para que tuviera finalmente un proceso y un juicio justo, lo que nunca tuve en manos del juez Sergio Moro; mucha gente poderosa, en Brasil e incluso en otros países, quiere impedir esa decisión, o continuarla aplazando, lo que es lo mismo para alguien que está preso injustamente”, dijo Lula el lunes en una carta a su exministro de Relaciones Exteriores Celso Amorim.
La Justicia de Brasil condenó al exdirigente brasileño (2003-2011) por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusaciones que él siempre ha negado. Desde su encarcelamiento el 7 de abril de 2018, gran parte de la población brasileña reclama su puesta en libertad.
Lula, de 73 años, que cumple una condena de 8 años y 10 meses de cárcel, se declara inocente y afirma que Moro formó parte de una confabulación para impedir el retorno de la izquierda al poder.
En agosto de 2018, el Tribunal Superior Electoral de Brasil invalidó la candidatura de Lula para postularse a las elecciones presidenciales, en el marco de la llamada ley de “Ficha Limpia”, que prohíbe a los aspirantes presentarse a los comicios si tienen condenas confirmadas. Asimismo, impidió a sus correligionarios que utilizaran la figura del líder izquierdista en los debates electorales televisivos.
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