Con este documento, la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires se sumó a la polémica por causas armadas y espionajes a computadoras de magistrados denunciadas por el presidente de Suprema Corte de Justicia bonaerense días atrás.
La organización, a través del comunicado donde reclama "justicia independiente", colaboró en la tensión generada en los últimos días entre Eduardo de Lázzari, presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, y la gobernadora María Eugenia Vidal.
Por eso, esta organización difundió el jueves un documento en el que deja establecida su posición en esta polémica, también crítica del estado actual de las cosas en el Poder Judicial, especialmente lo que llama "uso masivo de dispositivos de excepción", en relación a los arrepentidos y la aparición de agentes encubiertos en determinadas causas, como la que investiga a la barra brava y la dirigencia de Independiente, tal como denunció el juez de Avellaneda Luis Carzoglio.
En este punto, la Red de Jueces Penales remarcó que ese uso y el aprovechamiento de algunos medios en determinados expedientes atenta contra la independencia judicial "el Estado de derecho nos impone el ineludible deber de garantizar la preparación y realización del juicio penal con estricta sujeción al orden jurídico, constitucional y legal.
Por esa razón, el uso masivo de dispositivos de excepción (como arrepentidos, agentes encubiertos e informantes, así como la intervención indiscriminada en las comunicaciones, sobre lo cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó su preocupación en la Acordada 17/2019) o la mediatización de causas penales, configuran un estado de situación que afectan el debido proceso y la independencia judicial, y con ello la división de poderes que define a los Estados republicanos".
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