Una muestra más en la historia del accionar del Fondo Monetario Internacional, que con sus intereses, no hace más que colisionar contra la vida y la seguridad de millones de personas en el mundo.
En febrero de este año el FMI acordó con el gobierno de Ecuador el desembolso de 4.200 millones de dólares. Como contrapartida, obligó a la aplicación de medidas de ajustes y reducción de garantías y derechos para los habitantes del país.
En este marco, el presidente Lenin Moreno dio a conocer el 1 de octubre, el decreto 883, por el que se eliminaba el subsidio de 1.300 millones dólares al precio de los combustibles y se recortaban derechos laborales de los empleados públicos, entre sus puntos más destacados. Como corolario de su instrumentación, subieron los precios de los alimentos y del transporte público y se registró un aumento del 123 por ciento en el valor del diésel y las naftas.
Al día siguiente se iniciaron las protestas populares y el 3 de octubre, el gobierno decretó el estado de excepción, por el que se afectaron garantías elementales como la inviolabilidad de domicilio, libertad de información, tránsito y asociación de las personas.
Las protestas iniciadas por transportistas y organizaciones estudiantiles contó con la decisión de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador de plegarse a la rebelión. Miles de sus integrantes iniciaron un plan de acción en varios puntos del país, donde bloquearon carreteras y desde donde marcharon hasta la ciudad de Quito, principalmente.
En una actitud de claro liderazgo de las protestas, en la capital ecuatoriana, tomaron el edificio donde funciona la Asamblea Nacional y tras su desalojo por las fuerzas represivas, permanecieron en estado de reunión permanente en la Casa de la Cultura, en las inmediaciones del parlamento.
Estos hechos llevaron al presidente Moreno a trasladar en forma temporaria, el funcionamiento del gobierno a la ciudad de Guayaquil, mientras se instauraba el toque de queda y se cercenaba la libertad de información con la detención de periodistas y el bloqueo de algunas señales televisivas, entre ellas las del canal venezolano Telesur. La firmeza, fundamentalmente de los dirigentes de la CONAIE, de no deponer las medidas de lucha hasta tanto no se eliminara el decreto 883, obligó al gobierno a conformar una mesa de diálogo, en la que mediaron Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal local. El anuncio de Moreno de la derogación de la medida, para ser reemplazada por una nueva norma, motivó el levantamiento de las acciones de protestas. Un final aún abierto en esta crónica anunciada.
*Periodista. Miembro de conducción de UTPBA.
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