Como parte del circuito Camps durante la última dictadura cívico-militar, la Brigada de Investigaciones de la Policía Bonaerense (actualmente, allí funciona una sede de la DDI del Departamento Judicial La Matanza) funcionó como centro clandestino de detención por el que pasaron al menos 101 personas, de las cuales 84 fueron incorporadas a la causa por crímenes de lesa humanidad que se juzga, desde el año pasado, a instancias del TOF 1 de La Plata.
“Allá, en uno de aquellos buzones, creo que el quinto desde el ingreso al sector de aislamiento, miré a través del pasaplatos y hablé unos segundos con Rubén Enrique Cabral”, señaló la sobreviviente Adriana Martín a los jueces Alejandro Smoris y Pablo Vega. Promediaba la inspección ocular y ella recordaba, a cada paso, anécdotas de compañeras y compañeros de cautiverio, y los describía con vívida precisión.
“Vi su estado. Estaba absolutamente quemado por la tortura: literalmente, se le veían los huesos. Tenía también los genitales quemados. Era un esqueleto. Fue la última vez que lo vi. Me dijo que ya no daba más”, agregó Adriana en medio de un silencio profundo y en las penumbras de los pasillos de la ex Brigada San Justo donde se apiñaban abogados de las querellas y sobrevivientes.
La inspección ocular comenzó con una hora de demora, y su realización se dificultó debido a la cantidad de personas que asistieron y los espacios relativamente estrechos de la dependencia policial. Allí se mezclan, con llamativa naturalidad, escenarios sin modificar desde hace décadas y oficinas actualmente en uso, todo integrado por extrema humedad y goteras en las paredes e instalaciones eléctricas precarias con cables pelados a la vista.
El primer contratiempo ocurrió con la elección que habían realizado los jueces para ingresar a la dependencia. Previsto el acceso por la puerta principal, la sobreviviente Amalia Marrón informó a la secretaria del Tribunal que debía realizarse por el portón de hierro que da paso al ingreso de vehículos: “Por allí es donde nos ingresaban a las víctimas”.
Con 20 metros de fondo, ese ingreso de vehículos da a un patio interno, abierto, “de menores dimensiones a las que tenía en aquel momento, porque recuerdo que los Ford Falcon que traían a los secuestrados daban el giro ahí mismo, al final del recorrido”, acotó otro de los sobrevivientes.
De los autos, los secuestrados eran bajados a los golpes y tabicados para ser ingresados a una sala de torturas especialmente acondicionada para ese fin. Norberto Liwski, presidente de la CODESEDH y colaborador de Abuelas de Plaza de Mayo, fue otra de las víctimas que guió a los magistrados: “Esta sala de torturas era más alta, más profunda y más ancha de lo que es actualmente”, afirmó mientras el comisario de la sede policial abría unos portones metálicos para descubrir un ambiente de menos de dos metros de altura repleto hasta el techo de viejas máquinas de escribir, carpetas biblioratos arrumbados y antiguos muebles llenos de polvo y humedad.
“En este sitio había dos máquinas de electricidad de color oscuro -me acuerdo que una era verde- y dos camillas como de hospital, metálicas. Era el primer acceso de los secuestrados en la Brigada. Durante las sesiones de tortura había tal vez una decena de víctimas aquí”, relató Liwski.
A la derecha de la sala de torturas, una puerta conecta con dos pabellones de calabozos: en uno de ellos hay una leonera (celda colectiva y de mayor dimensión que el resto) donde los sobrevivientes recuerdan haber visto a los militantes de la UES –Unión de Estudiantes Secundarios- secuestrados en la Brigada; en el otro, 7 buzones o celdas de aislamiento con dos tarimas de cemento, una arriba de la otra, con no más de 4 metros cuadrados cada una. En uno de esos buzones fue donde Adriana Martín vio por última vez a Rubén Cabral.
“Los buzones están tal cual. Parece que aquí el tiempo no hubiera pasado”, coincidieron Adriana, Norberto y Amalia, los sobrevivientes que guiaban a los magistrados.
Respecto a cómo supieron en su momento el nombre y localización del sitio de cautiverio, mencionaron los gritos y ruidos de los niños y niñas que asistían al colegio Santa Rosa, lindante con la ex Brigada.
“Por los recreos, sabíamos más o menos la hora; y, en el momento de la salida del colegio, era cuando nos traían la comida, si es que se podía llamar comida. Nunca ocurría con regularidad: apenas si comíamos dos veces, o tres, a la semana”, manifestaron.
El último sitio inspeccionado fue en el primer piso del edificio, unas amplias oficinas que dan a la calle donde funcionó la dirección o jefatura de la ex Brigada, y donde actualmente está situado el despacho del comisario. Amalia Marrón relató que allí fue llevada tanto al ingreso como al egreso de su cautiverio, y recordó los golpes de puño que recibió en su rostro, que hacían que ella “rebotara de una pared a otra”.
Por su parte, Adriana Martín señaló que ella, junto a otra compañera de cautiverio, debía limpiar un par de veces a la semana esas oficinas.
(ANDAR)
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