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La dictadora boliviana derogó el decreto que autorizaba a los militares a asesinar manifestantes

(03/12/19 - Bolivia)-.La dictadora Jeanine Áñez (foto) informó la tarde del jueves pasado que el Gobierno abrogó el Decreto Supremo 4078, vigente desde el 14 de noviembre, que eximía a los militares de responsabilidad penal por su accionar en el restablecimiento del orden en momentos de alta conflictividad social.

concretamente, el decreto lo que hacía era garantizar a los militares que no serían juzgados por los asesinatos de ciudadanos que participaran en las protestas contra el golpe de estado. 

Una evaluación de Gabinete de ministros y la constatación del levantamiento de las protestas, “hemos decidido abrogar el Decreto Supremo 4078. Esta determinación ha sido tomada en consideración a que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país hemos logrado la pacificación”, explicó Áñez en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López.

Justamente una de las demandas de los sectores movilizados fue la anulación de esa norma que fue calificada de “grave” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque implicaba impunidad.

El artículo 3 del decreto 4078 establecía: “El personal de las FFAA, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”.

El siguiente artículo refería: “Las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante D.S. 27977 de fecha 14 de enero de 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionales al riesgo de los operativos (…)”.

La crisis política y social se desató luego de la renuncia, el 10 de noviembre, del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García en medio de denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre que les dio la victoria en primera vuelta. Estaban arrinconados por un prolongado paro cívico, al que se sumó un motín policial nacional y la sugerencia del entonces mando militar de renunciar.

Áñez asumió el poder el 12 de noviembre y dos días después fue aprobado el decreto que regulaba la actuación de los militares que desde la noche del 11 ya estaban en las calles, luego que la Policía se declarara rebasada por la conflictividad.

“El decreto 4078 es un recurso constitucional que los gobiernos tienen a su disposición cuando la seguridad del Estado o de la ciudadanía se siente amenazada por acciones de violencia que ponen en peligro la estabilidad del país y la vida de los ciudadanos. Nuestro Gobierno tuvo que recurrir a una medida de estas características porque enfrentó acciones violentas que nunca antes habíamos visto en nuestra historia y que nunca más quisiéramos verlas”, justíficó la Presidenta.

El decreto estuvo vigente por 14 días días. Áñez agradeció a las Fuerzas Armadas (FFAA) “a nombre de la democracia” por su “decidida” y “oportuna” participación que evitó mayor vandalismo y confrontación.

“La ciudad de El Alto, en especial la zona de Senkata, ha vivido días de terror cuando se puso en riesgo no solamente la planta de combustibles sino la vida de más de 250.000 alteños. La tragedia habría alcanzado dimensiones devastadoras, los bolivianos nos caracterizamos por el respeto a las ideas, a la tolerancia de nuestras creencias y el respeto a la vida”, sostuvo.

Áñez recalcó que su Gobierno es de transición y que tiene el propósito de organizar elecciones libres, limpias y transparentes.

“Quiero dar gracias a la comunidad internacional que ha acompañado este proceso y alentó el entendimiento, ahora nos toca llegar al momento histórico de la reconciliación. Que Dios bendiga a Bolivia”, concluyó la Mandataria.

Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el número de personas que murieron durante el conflicto político-social que estalló en Bolivia, a raíz de denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre, superó la treintena entre el 20 de octubre y el 23 de noviembre.

En Sacaba y El Alto, dos zonas de alta conflictividad, el número de muertos llegó a 18. En Sacaba, el operativo policial-militar impidió que los cocaleros entren en una marcha a la ciudad de Cochabamba, mientras que en El Alto evacuaron un convoy de cisternas con combustible y carros con garrafas de GLP, en medio de un bloqueo, para paliar el desabastecimiento.

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