Durante casi 10 horas los representantes del Ministerio Público Fiscal realizaron este jueves, ante los magistrados Roberto Falcone, Mario Portela y Alfredo Ruiz Paz del TOF 1 de Mar del Plata, la introducción de sus alegatos en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la órbita de la Subzona 15.
A cargo del fiscal Juan Pablo Curi y de los auxiliares María Eugenia Montero y Julio Darmandrail, se inició la exposición con la descripción de los centros clandestinos de detención involucrados en el circuito Subzona 15, las fuerzas que operaron articuladamente en la persecución y secuestro de las víctimas, y se valoró el material documental de la DIPPBA aportado al juicio por la CPM que gestiona y preserva ese archivo de la inteligencia de la Policía de la Provincia.
En este juicio hay 41 imputados, entre integrantes de las tres Fuerzas Armadas y de varias agencias de Seguridad, como la Policía Bonaerense y la Prefectura Naval. El ámbito de actuación fue la red de centros clandestinos situados en la Subzona 15 (que responde a un organigrama de jurisdicciones en las que la última dictadura dividió el país) con instalaciones en los partidos bonaerenses de General Lavalle, General Juan Madariaga, Mar Chiquita, Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón, Lobería, Necochea y San Cayetano.
Al momento de formular la elevación a juicio había 49 acusados, pero varios de ellos quedaron afuera del proceso por fallecimiento o por haber sido declarados con incapacidades médicas.
En cuanto a las víctimas cuyos casos se ventilan, son 272 personas de las cuales 97 están siendo consideradas por primera vez en un debate oral por los crímenes de lesa humanidad padecidos.
Entre los casos más relevantes se encuentran las desapariciones de los actores Gregorio Nachman y Antonio Luis Conti en junio de 1976, y la del conscripto Marcelo Reinaldo Hartung Flores, ocurrida en julio de 1978. También se juzga la responsabilidad por los hechos ocurridos durante la Noche de las Corbatas, que ya han sido ventilados en otros debates orales.
Una de las particularidades de este juicio radica en que más de 30 de los imputados fueron parte de las segundas y terceras líneas en las cadenas de mando a las que pertenecían, responsabilidades funcionales que en general quedan fuera de las causas penales o no llegan a juicio.
De acuerdo a la exposición del Ministerio Público, los delitos que se investigan deben ser enmarcados dentro de un plan del aparato estatal en su pretendida lucha contra la subversión. Es decir, no como delitos individuales sino como parte de un esquema de exterminio con delitos que deben ser declarados de lesa humanidad.
Asimismo, la fiscalía explicó los niveles de articulación entre los centros clandestinos de Subzona 15, las superioridades y cadenas de mando entre las fuerzas intervinientes, y las principales características de cada espacio de cautiverio y tortura. Describieron a cada uno de los 41 imputados, para luego comenzar a desarrollar cada caso de víctima contemplada en la causa.
Al momento de valorar las pruebas incorporadas en el debate oral, la fiscalía valoró particularmente el acervo documental de la DIPPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia) que fuera aportado al comienzo del juicio por parte de la Comisión Provincial por la Memoria.
Los legajos, fichas y registros contienen datos precisos y circunstanciados sobre muchas de las víctimas, victimarios, operativos de seguimiento, secuestros, y reportes a las superioridades de la Subzona 15, que resultarán fundamentales para probar los niveles de responsabilidad de los imputados.
Cabe destacar que la DIPPBA no sólo construyó un vasto archivo de documentación respecto a su propio accionar en tanto agencia de inteligencia de la Policía bonaerense, sino que fue un eslabón clave de la Comunidad Informativa que articuló las tareas de inteligencia entre distintas fuerzas y agencias. De allí que documentos de la Prefectura Naval estén disponibles en el archivo de la DIPPBA.
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