El organismo regional subrayó en un comunicado que su labor es “propugnar, por todos los medios posibles, el fortalecimiento de los Parlamentos de América Latina, para garantizar la vida constitucional y democrática de los Estados.”
Además, la declaración condenó vehementemente el uso de términos despectivos e insultantes para referirse a los legisladores, “legítimos representantes del pueblo salvadoreño por su decisión democrática en las urnas”.
No obstante, deja claro que no corresponde al Parlatino hacer interpretaciones jurídico-políticas de los artículos constitucionales invocados por Bukele para “justificar su irrupción den la Asamblea Legislativa”.
Por otra parte, el fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, dijo que, con la militarización de las instalaciones de la Asamblea Legislativa del pasado domingo, se incurrió en una serie de abusos y excesos.
“No debemos caer en el error de estar incitando a la violencia, vamos a estar vigilantes, no vamos a permitir que se atente contra las instituciones, y las personas pueden manifestarse de manera pacífica cuando quieran y donde quieran”, apuntó Melara.
Esta respuesta surge tras la actitud de Bukele en el Parlamento salvadoreño, quien se presentó al lugar acompañado por oficiales de Policía y militares armados para discutir un plan de seguridad, en sesión extraordinaria convocada por él mismo.
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