En base a la importante y valiosa cantidad de prueba del expediente, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Ministerio Público Fiscal y las secretarías de derechos humanos de Nación y Provincia pidieron la elevación a juicio de la causa.
Este nuevo avance en la justicia reduce aun más los márgenes jurídicos y políticos que sostienen a Fernández Garello en su cargo como funcionario público de la democracia. Las instituciones de la democracia deben dejar de sostenerlo e iniciar su demorado juicio político. La gravedad de los delitos requiere de su inmediato apartamiento del cargo.
Los ex agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) Fabián Fernández Garello, Hugo Tresguerras y Daniel Ríos, los miembros de la Brigada de investigaciones de Caseros Guillermo Orstein, Ricardo Coronel y Hugo Cammarota, y Jorge Apa del Ejército quedaron a un paso del juicio oral y público por la privación ilegal de la libertad y tormentos de tres militantes comunistas el 23 de julio de 1981.
Luego de que la jueza federal de San Martín Alicia Vence cerrara la etapa de instrucción, el Ministerio Público Fiscal, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de Buenos Aires requirieron la elevación a juicio de la causa.
En sus respectivas presentaciones, las querellas coincidieron en señalar la existencia en la investigación judicial de pruebas suficientes para avanzar con el proceso y llegar a la instancia del juicio oral y público. En ese sentido, valoraron las declaraciones de las víctimas y destacaron la incontrastable información que surge de los documentos del archivo de la DIPPBA que fueron presentados por la CPM.
De acuerdo a estos documentos, para las querellas se puede reconstruir cómo fue el circuito represivo que el 23 de julio de 1981 terminó con el secuestro y tortura de los militantes Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Duarte y José Seitor.
Según consta en los documentos de la DIPPBA, la planificación del procedimiento se originó a partir de una reunión encarada por el jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, Jorge Apa, donde se conformó una “comisión conjunta” con personal “idóneo” de la DIPPBA San Martín, de la Brigada de Investigaciones III de Caseros y personal militar de Campo de Mayo.
Los grupos de tareas conjunta secuestraron a las víctimas en sus domicilios y las trasladaron luego a la Brigada de Investigaciones de Caseros, que funcionaba como centro clandestino de detención.
Los objetivos de estos operativos eran estrictamente políticos: forzar a las víctimas a suministrar información sobre otros “blancos” mediante “interrogatorios de inteligencia” que, en la mayor parte de los casos, implicó la tortura física y psicológica. En el pedido de elevación a juicio, la CPM remarcó que “los interrogatorios debían arrojar datos precisos para la continuación del raid represivo, tal como lo requería el Destacamento de Inteligencia 201”.
Sobre las torturas durante estos operativos, la declaración de Jorge Bulacios fue contundente: la víctima recordó que lo alojaron en un baño donde lo golpearon, después lo subieron a un auto y, con la puerta abierta, lo amenazaban con meter su cabeza debajo de la rueda.
De acuerdo a la prueba aportada por la CPM, la participación del actual fiscal general de Mar del Plata en estos grupos de tareas le valió la felicitación promovida por el jefe de la Delegación DIPPBA San Martín, comisario Ramón Roberto Bustos —condenado por crímenes de lesa humanidad— y firmada por el director general de la DIPPBA. En la valoración anual de sus tareas, obtuvo un “sobresaliente”.
Fernández Garello fue denunciado en 2016 por la CPM. En ese momento, presentó ante la justicia documentos de inteligencia del archivo de la DIPPBA que demostraban su participación en ese hecho y otras acciones de la represión ilegal. Sólo entre 1978 y 1982 participó en al menos 17 actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado.
“La instrumentación del aparato de inteligencia como elemento represivo indisociable de las operaciones ‘antisubversivas’, fue planificada y determinada en las diversas directivas y órdenes militares desde, al menos, el año 1975”, destacó la CPM.
Sobre este mismo punto, el Ministerio Público Fiscal señaló: “Las pruebas demuestran que los hechos ocurridos no fueron un procedimiento de rutina sino que fue un operativo que siguió los lineamientos de los planes militares de la época. Es más, la modalidad delictiva empleada y la forma en que esta restricción se llevó adelante confirman que fueron vulnerados derechos humanos fundamentales”.
La supuesta legalidad de las detenciones fue una de las estrategias de la defensa de los imputados. El mismo argumento, sin embargo, ya había sido rechazado por la Sala 1 de la Cámara Federal de San Martín en noviembre pasado cuando confirmó los procesamientos dictados en primera instancia.
Mientras se espera la decisión de la jueza Vence sobre el requerimiento de elevación a juicio, todavía está pendiente de resolverse el juicio político contra Fernández Garello. Luego de dos audiencias que fracasaron por falta de quórum, el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires debe volver a reunirse para decidir si abre un jury contra el fiscal.
En noviembre de 2017, el jurado de enjuiciamiento, con otra composición a la actual, archivó el trámite sin abrir la investigación; sin embargo, en estos dos años, la situación procesal del fiscal cambió: imputado, procesado en dos instancias y, ahora, a un paso del juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad.
Las instituciones de la democracia no pueden seguir protegiendo al fiscal general de Mar del Plata, sostenido institucionalmente por el procurador general doctor Julio Conte Grand y políticamente por el bloque legislativo de Cambiemos, que evitó el juicio político. En la persecución y condena de los crímenes de lesa humanidad no puede hacer excepciones ni justificaciones. Fernández Garello debe ser inmediatamente suspendido de su cargo. El sistema democrático así lo requiere.
(ANDAR)
Publicar un comentario