Hasta el relevamiento, el 72 por ciento de las solicitudes había sido rechazado, mientras que 34 represores lograron acceder a la morigeración de la modalidad en el cumplimiento de la pena. Y uno de ellos logró la excarcelación.
Hasta la primera semana de abril se habían otorgado 17 órdenes de prisión domiciliaria para imputados y condenados por crímenes de lesa humanidad, en base a los argumentos de los defensores sobre la posibilidad de contagio del Covid-19 en los lugares de detención, además de la inclusión de sus asistidos en la nómina del SPF de personas en grupos de riesgo por la edad y enfermedades preexistentes.
Cabe recordar que el Servicio penitenciario Federal, por pedido del Ministerio de Justicia de la Nación, había establecido que de un total de 14000 detenidos bajo su órbita hay 1280 que integran esos grupos de riesgo, incluyendo a mujeres embarazadas y personas con penas cercanas a su cumplimiento. De allí que la Cámara de Casación Federal estableció criterios estrictos para el otorgamiento de la morigeración y otras alternativas a la prisión, estableciendo el carácter de “excepcional y de riesgo inminente” para los casos de detenidos por crímenes de lesa humanidad.
No obstante, lejos de ajustarse a los criterios restrictivos, los juzgados y tribunales federales siguieron otorgando el beneficio de arresto domiciliario a los represores: en el último mes se duplicaron y pasaron de 17 a 34, incluyendo un caso de excarcelación.
Estas cifras surgen del reciente informe publicado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en el que señala que, hasta el momento, se formularon 177 pedidos de morigeración por parte de 137 imputados y condenados en causas de lesa humanidad. La diferencia de esas cifras radica en que hay varios que están imputados en más de una causa -por lo que realizan sus presentaciones ante 2 o más juzgados- o han formulado distintas peticiones.
“De un total de 177 solicitudes, el 72% (127) han sido denegados, y el 19% (34) se le ha concedido el arresto domiciliario o excarcelación. Por otra parte, existe un 9% (16) que no han sido resueltos aun y se encuentran en trámite”, describe la Procuraduría.
Entre las peticiones resueltas favorablemente, 25 corresponden a prisión domiciliaria efectiva y 8 son de arresto domiciliario provisorio ya que los solicitantes se encuentran imputados en otras causas que mantienen la detención.
Asimismo, en cuanto a los recursos presentados ante la Cámara de Casación Penal Federal, la Procuraduría señala que “el 75% (47) ya se han resuelto, y el 25% (16) aún están pendientes de resolución”. El organismo fiscal aclara, igualmente, que los recursos presentados ante el máximo tribunal penal por parte de las defensas no son siempre notificados a las fiscalías por lo que es posible que existan algunos pendientes de resolución y que no estén contemplados en el informe.
Entre los últimos represores beneficiados con la orden de morigeración se encuentra el ex médico militar Carlos Capdevilla, uno de los máximos responsables del sistema de apropiación de bebés en la ESMA y de otros crímenes durante la última dictadura militar.
En la resolución sobre el pedido de excarcelación para Capdevilla, el TOF 5 consideró que “no se encuentran dadas hoy las condiciones para la reinserción social del condenado” pero sí para el acceso al arresto domiciliario que se cumplirá en una casa del represor en la ciudad de Córdoba mientras dure la cuarentena en Argentina.
Capdevilla ha sido condenado por los delitos de apropiación indebida de menores y aplicación de tormentos bajo la órbita de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Hasta ayer llevaba 16 años de detención y permanecía alojado en la unidad penal federal 31 de Ezeiza.
Arrastra tres condenas por crímenes de lesa humanidad: en 2011 recibió una pena de 20 años, la mayor, en el marco del juzgamiento de delitos en la ESMA; en 2015 fue condenado a 10 años por la apropiación del bebé de Orlando Ruiz y Silvia Dameri, nacida en ese centro clandestino; y en 2017, en un nuevo tramo de la megacausa ESMA, recibió otros 15 años de prisión.
Otro de los recientemente beneficiados es el genocida Lucio César Nast, de 66 años, condenado a 22 años de prisión por crímenes cometidos en perjuicio de 43 víctimas en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de Policía de Rosario. También está procesado en otra causa de lesa humanidad.
Según votos de mayoría entre los integrantes de la Sala 2 de Casación Penal (los jueces Yacobucci y Mahiques votaron por conceder el pedido, mientras que el magistrado Alejandro Slokar lo hizo por la negativa) “corresponde atender a la situación excepcional derivada de la pandemia declarada por la aparición del Coronavirus (Covid-19) y las numerosas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales con incidencia en la materia y en ese marco, a las consecuencias sobre las personas detenidas consideradas dentro del grupo de riesgo, entre las que, sin hesitación, se encuentra Nast debido a su avanzada edad y su múltiples patologías preexistentes, entre las que cabe señalar las de naturaleza respiratoria”.
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