“No cabe duda de que nos hallamos ante un proceso en el que se investiga un posible delito que podría involucrar actos de Lavado de Activos de origen ilícito”, planteó el organismo en la presentación ante el juez federal Julián Ercolini, a quien le solicitaron la inhibición general de bienes de Macri, González Fraga, Sandleris y los directivos de Vicentin Alberto Padoán y Gustavo Nardelli.
La UIF no pasó por alto en su presentación que “VICENTIN (a través de sus diferentes firmas) fue el principal aportante de la campaña de JUNTOS POR EL CAMBIO” (en negrita y mayúsculas en el original).
Por la gravedad de los hechos, la UIF también pidió la habilitación de la feria judicial, así como días y horas inhábiles, y el dictado de “medidas cautelares urgentes que impidan a los imputados desapoderarse de sus bienes o bien continúen haciendo compleja la trazabilidad del dinero de modo de dificultar el seguimiento de los movimientos económico-financieros”.
La denuncia de la UIF se base principalmente en los informes elaborados por el director del BNA, Claudio Lozano, de los que “surge la posible existencia de una maniobra pergeñada con el objetivo de defraudar al Estado Nacional a través de otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina, durante la presidencia de GONZALEZ FRAGA, a la firma VICENTIN S.A.”
La firma, recordó la UIF en su presentación, “hace pocos meses se declaró en cesación de pagos”, pero en realidad “contaría con una situación económico-financiera saludable” que se pretende ocultar con la remisión de “buena parte de sus ganancias al exterior mediante maniobras, que se presentan al menos como sospechosas”.
Al respecto, la UIF le indicó a Ercolini que “VICENTIN SAIC no es una isla, sino que forma parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país y otras tantas en Uruguay, Paraguay, Brasil y España”.
La firma, añadió tuvo un “crecimiento exponencial” entre 2015 y 2018 que “solo puede ser explicado a través de un privilegiado acceso al crédito” que alcanzó a $18.500 millones otorgados por el BNA, un monto que “habría superado los límites a los que podía exceder la sociedad en función de lo establecido por la normativa del Ente Regulador para las Grandes Empresas”.
“Tras incumplir con las respectivas cancelaciones habría obtenido, de todos modos, una refinanciación sin fundamento”, señaló, para acotar que eso “se habría llevado a cabo en el marco de vínculos estrechos entre la empresa y miembros del anterior gobierno nacional”.
Al respecto, la UIF subrayó que después de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto de 2019, que fueron desfavorables al gobierno de entonces, Vicentin “comenzó a incumplir con las obligaciones a las que se había comprometido” y “anunció su estado de cesación de pagos” y luego “solicitar la apertura de su concurso preventivo” el pasado 10 de febrero.
En la presentación ante la Justicia Federal, La UIF describe las posibles maniobras de lavado de activos en las que habría incurrido la compañía canalizando sus exportaciones a través de Renova y Vicentin Paraguay.
Esta última firma “manejaría el 15% de la exportación sojera de Paraguay beneficiándose de las exenciones impositivas que allí existen, pero no tendría allí ni activos, ni fábricas, y casi no tendría oficinas”, aseguró la UIF.
“A su vez, siendo Argentina el principal comprador de soja paraguaya, esa producción ingresaría (o reingresaría) al país para ser procesada en molinos argentinos”, agregó.
En ese punto, la UIF destaca que “es donde toma intervención la firma RENOVA S.A. – que resulta ser la principal productora de biodiesel del país pero también una gran productora de harinas y aceites de soja – en la cual el grupo VICENTIN se encuentra asociado con la firma GLENCORE”.
En base a “investigaciones periodísticas”, el organismo indicó que Renova “habría remitido al exterior parte de sus dividendos, dejando a VICENTIN SAIC con las pérdidas y fugando las ganancias”.
“El hecho de que la totalidad de la soja concluya en el mismo lugar, nos lleva a sospechar sobre la veracidad de las operaciones de exportación de las distintas firmas del grupo. Es posible en este sentido, que se haya hecho pasar soja argentina por soja paraguaya para – justamente– ahorrar impuestos y fugar ganancias, en detrimento de VICENTIN SAIC”, puntualizó.
La UIF completó la descripción del proceso de “estas maniobras fraudulentas” asegurando que las gerencias operativas del BNA “habrían sido instruidas personalmente por GONZALEZ FRAGA para beneficiar a la firma, y éste, a su vez, habría sido instruido al respecto por el entonces Presidente de la Nación”, en un contexto en el que “el control de esa actividad estaba en cabeza del Banco Central de la República Argentina, por entonces presidido por el señor Guido SANDLERIS”.
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