En este caso, la nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, autoriza a sancionar económicamente a todos aquellos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) que estuvieran involucrados directamente con cualquier iniciativa para investigar o acusar a funcionarios estadounidenses sin consentimiento de Estados Unidos, así se leía entre líneas a través de un comunicado de la Casa Blanca emitido el jueves por la noche.
La maquinaria intimidatoria estadounidense se ha vuelto a poner en movimiento para cortar por lo sano lo que a todas luces parece una causa perdida e inevitable de que se inicie, de una vez, un proceso de instrucción de un sumario en la CPI contra todos aquellos miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que hubieran perpetrado presuntos crímenes de lesa humanidad a lo largo de los muchos años que han estado desplegados en Afganistán en el marco de una intervención militar de gran envergadura so pretexto de luchar contra los insurgentes del grupo armado Talibán.
Una intervención militar en Afganistán, iniciada en 2001, por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), encabezada por EE.UU., que tenía supuestamente como objetivo derrocar al grupo Talibán y “luchar” contra los extremistas e intensificar la lucha antidrogas, no ha hecho sino agravar aún más la situación en el país asiático, que, transcurridas unas dos décadas de esta injerencia, es más inseguro que nunca.
De hecho, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló en un informe, publicado en abril de 2019, que los ataques perpetrados por las tropas de EE.UU. en Afganistán son más mortíferos para los civiles que los atentados de los grupos armados como Talibán.
A principios de marzo, la Corte Penal Internacional decidió poner en marcha, al fin, una línea de investigación después de que un examen preliminar realizado por un grupo de sus fiscales en el año 2017 encontrara motivos razonables para creer que los efectivos estadounidenses habrían cometido crímenes de guerra en Afganistán, por aducir que se trataría de unos delitos sobre los cuales este tribunal tendría la jurisdicción, independientemente, de la nacionalidad de los acusados.
Esta apertura del caso preside a una ya presentada en 2017 a la Sala de Primera Instancia de la Corte a petición de la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, aunque no prosperó al ser rechazada en abril de 2019 por considerarse que este proceso no serviría a los intereses de la justicia, ya que las posibilidades de que la Fiscalía tuviera éxito eran extremadamente bajas. Empero, la Oficina de Fiscal apeló tal decisión en diciembre del mismo año.
A la decisión de archivar el caso mencionado por parte de la alta instancia judicial en materia penal, con base en La Haya (los Países Bajos), le siguió la revocación de visado de EE.UU. otorgada a Bensouda, siendo una abogada gambiana que proponía abrir una investigación exhaustiva sobre varios incidentes denunciados, que tuvieron lugar en Afganistán durante el periodo comprendido entre los años 2003 y 2014, en relación a los presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por parte de los talibanes, soldados afganos y efectivos armados y de inteligencia estadounidenses en el contexto de la guerra desatada en ese país asiático.
El objeto de la nueva tanda de pesquisas son los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado en Afganistán desde el 1 de mayo de 2003, cuando este país asiático se convirtió en Estado miembro del Estatuto de Roma. Estados Unidos, que no ha ratificado el referido Estatuto y desde entonces lleva a cabo una campaña multifacética contra la CPI, aduce que esta puede comenzar enjuiciamientos motivados políticamente contra ciudadanos estadounidenses.
La Sala de Primera Instancia de la CPI sostiene que su decisión de autorizar a su Fiscalía “reiniciar una investigación sobre la base de información acerca de un crimen de la competencia de la Corte” se basa conforme el artículo 15 del Estatuto de Roma, cuyo objetivo es llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidios.
Asimismo, la mencionada Sala razona que su decisión se basa únicamente para escuchar los argumentos orales que pudieran ofrecerle la Oficina del Fiscal en su defensa de acreditar dicha investigación en su proceso de apelación al señalar que existe una base razonable para creer que elementos de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA, por sus siglas en inglés) habrían infligido los mismos atropellos tanto en Afganistán como en terceros países de Europa del Este adheridos a la CPI que alojaban centros clandestinos de detención estadounidenses para sospechosos de terrorismo.
Si bien desde el punto de vista del Gobierno de EE.UU., el hecho de que la Corte Penal Internacional esté investigando crímenes de guerra de sus tropas en Afganistán podría establecer una precedencia en cuanto a las futuras demandas penales que pudieran presentarse en contra de los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos implicados en un sinfín de atrocidades y crímenes de guerra habidas y por haber en cualquier rincón del globo traqueo.
Los halcones de la Casa Blanca, los mismos que se desviven por montar crisis que ultimen en guerras devastadoras allá por donde quieren extender la hegemonía imperial del dominio mundial de Estados Unidos, ven con mucha preocupación de que esta investigación siga su curso y, por ende, se convierta en un Derecho Comunitario, siendo esta una regla vinculante o persuasiva para una Corte u otro órgano judicial a fin de que pudiera decidir en casos posteriores con similares cuestiones o hechos relativos a un listado de tortura y tratos crueles, atropello de la dignidad, violación y otras formas de violencia sexual, entre distintos crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados por las tropas estadounidenses allá por donde llegan a pisar.
El intento de la Casa Blanca de coaccionar a los miembros de la CPI de no seguir adelante con sus pesquisas sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por los peones de la maquinaria bélica de Estados Unidos si no quieren ser objetos de contundentes medidas punitivas por parte de EE.UU., incluso, ha avergonzado a sus aliados históricos de Washington.
El máximo responsable diplomático de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, llegó a expresar su profunda preocupación por la medida de Washington, subrayando que la Corte Penal Internacional debe ser respetada y apoyada por todos los países “por desempeñar un papel clave en impartir justicia internacional y lidiar con los crímenes internacionales.
La aludida alta instancia judicial, por su parte, salió reprobando la decisión del presidente Trump al señalar que las sanciones impuestas contra su personal son “un intento inaceptable de interferir con el estado de derecho y los procesos judiciales del tribunal” para esclarecer en un futuro los posibles crímenes de lesa humanidad que pudieran haber cometido los soldados estadounidenses en Afganistán, así como las fuerzas de seguridad israelíes por abusos contra palestinos.
Las reacciones de condena a la interferencia hegemónica de EE.UU. sobre la CPI no se han hecho esperar desde las organizaciones internacionales de derechos humanos. En este sentido, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en una rueda de prensa sostuvo: “Hemos tomado nota con preocupación de las informaciones sobre la orden ejecutiva que autoriza sanciones contra ciertas personas de la Corte Penal Internacional de la Haya”.
En paralelo, Andrea Prasow, directora de Washington de la ONG Human Rights Watch (HRW), resaltó por medio de un comunicado que la orden ejecutiva del líder republicano “demuestra un desprecio por el Estado de Derecho global”.
“Este ataque contra la CPI es un esfuerzo para impedir que víctimas de crímenes muy graves, ya sea en Afganistán, Israel o Palestina busquen justicia”, afirmó Prasow en su nota.
Ahora bien, a uno le surge la disyuntiva de quién lleva la razón en esta disputa entre la Corte Penal Internacional y el Gobierno de Estados Unidos. De hecho, si analizamos con detalle el comunicado de la Casa Blanca en respuesta a la decisión de la CPI de reabrir la línea de investigación sobre los presuntos crímenes de guerra que hubieran cometido sus efectivos en Afganistán vemos que en la nota no se aporta ninguna prueba que contradiga tales incriminaciones para zanjar de una vez esta causa.
Ya a mediados de mayo, Mike Pompeo, secretario de Estado de EE.UU., acusó a la Corte Penal Internacional de ser “un órgano político, y no una institución judicial” solo porque a su juicio la Fiscalía de la alta instancia se equivoca “al afirmar su jurisdicción sobre Israel, que, como Estados Unidos, no es parte del Estatuto de Roma que creó la Corte”.
En otras palabras, para la Administración Trump, los derechos humanos, la ética y el respeto por la vida de los seres humanos fuera de la jurisdicción del imperio de la ley estadounidense carece de cualquier valor.
Es más, se puede decir más alto pero no más claro que Estados Unidos con su comunicado del jueves ha reconocido los crímenes de guerra cometidos por sus soldados en Afganistán y, ante esta confesión encubierta, a los señores de la guerra estadounidenses que con las artimañas a su alcance pretenden escurrir el muerto hay que recordarles que la justicia que les espera vendrá por parte de esa opinión pública cuando les toque ir a las urnas.
Si Washington pretende mediante el uso de la fuerza e intimidaciones evitar que los peones de la maquinaria bélica de EE.UU. no respondan por sus atrocidades de guerra cometidos, debe recordar que estos crímenes no se borrarán de la memoria de la humanidad de un día para el otro, para no decir nunca.
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