El magistrado, destituido tras fallar contra el aumento de tarifas durante el gobierno anterior, afirmó que recurrirá "a instancias internacionales" para conseguir la reposición en su cargo.
"Hubo muchas razones para removerme, pero todo se basó en el contenido de mis sentencias, que molestaban al poder de turno. Hubo una persecución contra jueces durante la gestión de Cambiemos y fui uno de los apuntados desde el principio", señaló Arias en diálogo con Télam.
A cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de La Plata, Arias fue el primer juez en dictar una cautelar contra el decreto de Macri que anulaba artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en un fallo dictado el último día hábil de 2015.
Luego dictó sentencias contra los aumentos de las tarifas de servicios públicos, ordenó devolver descuentos a los gremios docentes bonaerenses por días de paro y estableció medidas de protección de los derechos humanos y sociales, sobre todo en cuestiones referidas a desalojos colectivos, lo que siempre se negó a tratar como un simple delito común que debe reprimirse por la fuerza.
"La vivienda es un derecho que el Estado debe asegurar y en una toma pueden cometerse delitos, pero son conflictos que no pueden resolverse por la fuerza", consideró Arias.
A fines de 2017, la Procuración bonaerense instruyó un sumario con 21 conflictos de competencias entre su juzgado y otros magistrados penales y los presentó ante el Jury de enjuiciamiento de la provincia para iniciarle un proceso de destitución, sin embargo, Arias nunca recibió una sola denuncia por corrupción o incumplimiento de sus deberes como magistrado.
"Durante cinco años consecutivos, mi juzgado fue premiado por su eficiencia por el Colegio Público de Abogados de La Plata. Nunca nos retrasamos en los plazos legales y cuando alguien llegaba para pedir asistencia por una cuestión de salud se iba con un solución a las pocas horas", señaló.
En ese sentido, Arias recordó que una de los causales de su destitución fue haber dictado una medida para que un preso recibiera atención médica cuando estaba en riesgo su vida y por eso recibió una denuncia de un juez penal que le objetó su intromisión en la causa.
El 2 de agosto de 2018, el Jury resolvió su destitución por una acusación que impulsaba la Procuración y era sostenida por su titular, Julio Conte Grand, que llegó al cargo de jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires con el aval de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.
"El mismo Conte Grand me pidió perdón cuando nos reunimos en una confitería de La Plata. Me reconoció que era algo injusto y me dijo que no podía hacer nada para evitar mi destitución", aseguró el exmagistrado, que en la actualidad se desempeña como representante legal del gremio docente de Udocba.
¿Cuál es ahora su situación?
Presentamos un recurso y la Corte bonaerense le ordenó al Jury que revise mi remoción. Es una resolución dictada el 13 de mayo y le dio cinco días para reunirse. Todavía no lo hicieron.
Mi caso prueba que hubo una persecución judicial contra varios magistrados entre los que me encontraba. Hubo muchas razones para que se me desplazara, pero fundamentalmente, se debió al contenido de las sentencias.
¿Quién dio la orden para su destitución?
Vino desde la mesa judicial de Cambiemos. No tengo dudas. Solicité a la AFI información para saber si fui espiado durante mi gestión como juez. Mi caso fue consignado por la Relatoría Especial de la ONU, que emitió un dictamen a fines de 2019 afirmando que hubo presiones por parte del macrismo sobre la justicia. Voy a seguir peleando para volver a mi cargo como juez y si es necesario recurriré a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Cree que su caso prueba la necesidad de una reforma judicial?
El proyecto actual de reforma es correcto. Hay cuestiones que no pueden esperar más. No puede ser que provincias no tengan cámaras de apelaciones y los abogados deban trasladarse entre 400 y 500 kilómetros para presentar un recurso.
También es necesario terminar con la hegemonía que ejercen los Tribunales de Comodoro Py. Pero creo que una verdadera reforma debería fundarse en criterios más amplios y discutirse de forma abierta y con la participación de la sociedad.
¿Cómo debería ser entonces esa reforma?
Tenemos que debatir el perfil de los jueces. ¿Qué buscamos? ¿Nada más que magistrados que cuenten con idoneidad académica? ¿No podemos valorar a los profesionales con compromiso o trayectoria en la defensa de derechos? ¿Por qué un sistema de calificaciones no puede valorar el trabajo de un abogado en favor de las minorías o junto a los organismos de derechos humanos? Otra cuestión a tener en consideración es la diversidad.
No pueden pensar todos de la misma forma, y debemos tener un sistema de selección que asegure la pluralidad. Además, y esto es fundamental, debe asegurarse la participación popular. Deben crearse observatorios para analizar la actuación de los jueces y ver si cumplen con los plazos legales y si trabajan, en vez de estar jugando al golf en una jornada laborable.
¿Considera que los jueces deben ser elegidos por el voto popular?
No. Creo que si eso pasara, los magistrados judiciales serían siempre funcionales a los intereses que financian las campañas y fallarían para complacerlos. Lo mismo pasaría con los plazos. Si se imponen, los magistrados buscarían acomodarse a los poderes fácticos cuando se acercan las fechas de los vencimientos.
¿Cómo debería ser un buen juez?
Ser fieles a una ideología, todos la tenemos, pero tener independencia en relación a los poderes fácticos de los medios, el poder político y los intereses económicos. Tengo una ideología, el año pasado fui precandidato a intendente de la Plata por el Frente de Todos.
Pero como juez nunca complací al poder político. Tuve a mi cargo la causa de los muertos durante las inundaciones en la ciudad y nunca me deje presionar por las autoridades de entonces, cuando el gobernador de la provincia era (Daniel) Scioli.
Por Leonardo Castillo, Telam
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