“El Gobierno de Paraguay debe garantizar una investigación de esas muertes de forma independiente, imparcial, transparente y sin demoras”, reclamó Human Rights Watch.
Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, que eran primas, fueron asesinadas el 2 de setiembre pasado en dos choques entre la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), compuesta por militares y policías, en el Departamento de Concepción.
El Ejecutivo paraguayo ha afirmado que las niñas nacieron en Paraguay y que crecieron en Argentina, desde donde salieron en noviembre de 2019 para visitar a sus padres en el campamento guerrillero.
Además, ha señalado que las niñas tomaron parte en los enfrentamientos y ha responsabilizado de sus muertes al EPP por reclutar en sus filas a menores, apuntando a que serían hijas de algunos de sus líderes.
El EPP es un grupo armado al que el estado paraguayo acusa de ser responsable de homicidios y varios secuestros, incluido el secuestro del ex vicepresidente Óscar Denis el 9 de setiembre de este año.
Por su parte, el Gobierno argentino, que confirmó que las menores tenían la nacionalidad argentina, ha pedido una investigación de los hechos.
Graves irregularidades
“Hay graves irregularidades en la investigación”, aseveró el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien reclamó al Gobierno de Mario Abdo que permita el ingreso de forenses argentinos para realizar una autopsia a los cuerpos de las niñas y que los familiares de las víctimas tengan “pleno acceso” a las evidencias recogidas.
Entre otras irregularidades, el informe apunta a que “se apresuraron a enterrar a las víctimas sin realizar una autopsia”, quemaron las ropas de las niñas, le prohibieron a un representante de los familiares estar presente en un examen forense de los restos y le negaron acceso a la investigación.
Además, observa que en la investigación realizada se sostiene, en función de un examen forense que “no es confiable”, que una de las niñas disparó un arma.
Para estudiar el caso, Human Rights Watch solicitó ayuda al Grupo de Expertos Forenses Independientes (IFEG, por su sigla en inglés) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (IRCT, por su sigla en inglés), cuyos miembros elaboraron un dictamen sobre algunos elementos de la cuestionada investigación.
Onder Ozkalipci y Karen Kelly, dos forenses del IFEG, concluyeron que la destrucción de la ropa de las niñas “representa la destrucción de evidencia crucial que viola los principios más básicos y fundamentales forenses y de la investigación penal”.
Los dos expertos recomendaron exhumar los cuerpos “sin dilaciones” para preservar cualquier evidencia que quede, dado el deterioro de los restos por el paso del tiempo.
Paraguay debe investigar
Human Rights Watch recordó que el estándar internacional para realizar autopsias y otros análisis forenses es el Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, conocido como el Protocolo de Minnesota.
En este sentido, la organización humanitaria afirmó que las autoridades paraguayas “no han cumplido con los pasos de investigación básicos” establecidos en ese protocolo.
“Las autoridades de Paraguay atribuyen delitos muy graves a miembros del EPP, quienes deberán responder por sus acciones si se demuestra su culpabilidad tras una investigación y un juicio justo”, señaló Vivanco.
Pero, remarcó, la acción del Estado también “debe ajustarse a los límites de la ley”.
“Toda muerte causada por fuerzas del Estado debe ser investigada de forma imparcial y con la mayor rigurosidad”, reclamó Vivanco.
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