La resolución, a la que tuvo acceso Télam, promueve el inicio "del procedimiento previsto en los artículos 92 a 94 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" que contempla el juicio político a funcionarios por parte de la Legislatura y abarca a los integrantes del máximo tribunal.
Dispone que el proceso deberá "establecer si los jueces del Tribunal Superior de Justicia Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg de Roca, Santiago Otamendi y Francisco Lozano han incurrido en alguna de las causales previstas" en la Carta Magna porteña, como mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones.
"Solicitamos que se activen los mecanismos que ayudarán a dilucidar el correcto proceder de los jueces que fundamentaron el desentendimiento del Gobierno de la Ciudad del deber de garantizar un derecho fundamental, como es el derecho a la educación", indica el texto redactado por los diputados del arco opositor.
Puntualmente, el fallo del máximo tribunal hizo lugar a un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de la Ciudad, ante la demanda presentada en 2017 por la madre de un niño de dos años que pedía que se le garantizara la vacante a su hijo en un jardín de infantes.
En la resolución, los cuatro jueces consideraron que no existe una obligación del Estado local de ofrecer vacantes a todas las niñas y niños de entre 45 días a 3 años de edad que y habilita criterios de priorización basados en la capacidad económica de las familias.
Al respecto, los diputados evaluaron que "los cuatro jueces del Tribunal Superior de Justicia expresaron en su voto que en las edades en que la educación no está establecida como obligatoria, tal como lo establece la legislación de la Ciudad y la nacional, no existe una obligación y responsabilidad del Gobierno porteño de ofrecer y garantizar vacantes".
"Ello pone en tensión el derecho universal a la educación con la obligatoriedad", agregaron, y señalaron que "con este fallo, se avalan criterios de priorización basados en la capacidad económica de las familias, limitando el ejercicio pleno del derecho".
Para avanzar en el tratamiento del expediente presentado en la Legislatura, deberá ser debatido en la Comisión de Asuntos Constitucionales, desde donde podrá ser girado al recinto de sesiones para su debate y posible aprobación.
Ello podría ocurrir a partir del 1 de marzo del marzo del 2021, cuando se retome la actividad parlamentaria, y demandará de al menos 40 votos afirmativos, de los 60 que componen la cámara.
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