El mismo día, el jefe de la Oficina Defensorial de Tumbes, Abel Chiroque Becerra, envió una carta al comandante general de la Primera Brigada de Infantería de esa región, Rubén Chucos Torres, en la que le recomendó adoptar medidas con el fin de evitar que se replique lo sucedido en la frontera con Ecuador: militares peruanos disparando contra migrantes, entre ellos niños y adolescentes, según el reporte de la Defensoría del Pueblo.
En su carta, la Defensoría del Pueblo los hechos plantean serios cuestionamientos respecto al uso proporcional de la fuerza de los militares y recomienda “adoptar medidas necesarias con el fin de evitar que situaciones similares a las descritas se repitan, poniendo en especial énfasis en actividades de formación y capacitación del personal militar encargado de realizar el control fronterizo”.
Sobre lo ocurrido el pasado 26 de enero, la organización Equilibrium CenDE, dedicada a generar información sobre la situación socioeconómica de los migrantes, también alzó su voz. Su director ejecutivo y politólogo , Gustav Brauckmeyer, advierte que lo más preocupante de estos ataques es que no son casos aislados y que tienen una repercusión negativa en la opinión pública.
“El simple hecho de que se amenace a personas con disparos es preocupante. Ellos tienen derecho a migrar y pedir refugio. Con esos tratos los militares ponen a los migrantes al mismo nivel que una persona que cometido un hurto o un delito grave, y eso también genera rechazo, no solo hacia una persona, sino hacia la población entera, y eso puede llevar a acciones violentas y discriminatorias contra esa población”, apunta Gustav Brauckmeyer a Wayka.
La última encuesta de Equilibrium CenDE enfocada en la población venezonala en Colombia, Perú, Chile y Ecuador, también obtuvo porcentajes preocupantes. El 43% de ellos perdieron su trabajo antes o durante su pandemia y siguen desempleados, el 53% tuvo que pedir dinero prestado para subsistir durante la pandemia, el 64% declaró haber sido víctima de algún tipo de discriminación y el 51% escapó de su país con su familia, mientras el 37% se fueron solas.
“Lo que sucede es que se han limitado los canales en Perú para hacerlo de una manera regular, y eso es lo que ha generado que las personas opten por tratar de ingresar por canales irregulares. Esto no es necesariamente ilegal, es un ingreso irregular a falta de mecanismos regulares sensibles a las realidades de estas personas”, explica Gustav. Cabe recordar que los principales motivos de la migración venezolana son el alto costo de vida (64%), la falta de alimentos (58%) y falta de medicinas y servicios de salud (51%).
Para Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), estos hechos deberían investigarse. “Esto no solo contraviene la normativa internacional y peruana sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego, sino que siembra el pésimo precedente de usar armas de este tipo para intimidar a la población que tiene derecho a buscar protección internacional”, sostiene Erika Guevara, de AI.
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