Al respecto, los funcionarios han enfatizado que el anuncio empujará al país más pobre del mundo árabe a una hambruna a gran escala, ya que importa la mayor parte de las necesidades alimentarias de su pueblo y es posible que las empresas dejen de venderle comida por temor a ser sancionadas, so pretexto de cooperar con el movimiento popular yemení, esto mientras Yemen sufre la peor crisis humanitaria del mundo.
Además, podría tener repercusiones políticas, al obstaculizar los esfuerzos hechos para restablecer la paz entre las partes involucradas en el conflicto.
“Tememos que tenga, inevitablemente, un efecto paralizador en mis esfuerzos por unir a las partes. La decisión contribuirá a la perspectiva de una hambruna en Yemen y debería ser revocada por motivos humanitarios lo antes posible”, ha subrayado Griffiths.
El movimiento popular yemení, junto a las Fuerzas Armadas, defiende al pueblo yemení ante la agresión que Arabia Saudí y sus aliados llevan a cabo desde marzo de 2015 contra Yemen.
La medida de la Casa Blanca contra Ansarolá tiene lugar, a pesar de las advertencias de agencias rescatistas y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que aseguran que estas sanciones dificultarán aún más los proyectos y cooperaciones para llevar y entregar ayuda humanitaria al pueblo yemení, asediado desde 2015 por los agresores saudíes.
Para Ansarolá, la decisión de Washington no es algo nuevo, ya que ha cometido los peores crímenes contra los yemeníes, con su apoyo irrestricto a la agresión saudí.
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