Este hecho ha sido señalado por diferentes instituciones nacionales e internaciones como un retroceso en la construcción de la democracia del país y como un “golpe de Estado fallido”. Este día se llevó a cabo una Sesión Plenaria Ordinaria en el Congreso a la cual denominaron “Para Defender el Estado Constitucional de Derecho y la Institucionalidad Democrática”, con el objetivo de recordar lo sucedido hace un año y evitar que hechos como estos se repitan en el país.
En esta sesión del pleno, el diputado por el partido Arena, Ricardo Velásquez Parker, presentó una iniciativa para aplicar el artículo 131 de la Constitución de la República y se proceda a declarar incapacidad mental del presidente Nayib Bukele, la cual se llevaría a cabo mediante un diagnóstico de una comisión de médicos. Tal iniciativa será evaluada por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.
“…Hacerle frente a una república que se está precipitando por un abismo y no podemos dejar el timón de esta nave republicana a un enfermo. Queda la responsabilidad en la Comisión Política, yo como patriota he hecho mi parte invocando la Constitución en el ordinal 20 del artículo 131”, expresó Velásquez Párker en la Sesión Plenaria de este martes.
La Constitución de la República de El Salvador expresa en su artículo 131, numeral 20 que “corresponde a la Asamblea Legislativa declarar, con no menos de los dos tercios de votos de los diputados electos (56 votos de los 84 diputados), la incapacidad física o mental del presidente, del vicepresidente de la República y de los funcionarios electos por la Asamblea, para el ejercicio de sus cargos, previo dictamen unánime de una Comisión de cinco médicos nombrados por la Asamblea”.
“Hemos visto acciones del presidente desacatando la Constitución y las leyes, intento de golpe de Estado, militarizar esta misma Asamblea, llamados a la insurrección, ataques a la democracia, a la institucionalidad y a la República”, indicó Velázquez al justificar su petición.
Al final de la Sesión Plenaria, la Asamblea aprobó que se publique un pronunciamiento para condenar los hechos del 9F y se retome el informe final elaborado por la Comisión Especial, el cual sugiere la destitución del ministro de Defensa y del director de la PNC.
El historiador salvadoreño Carlos Cañas Dinarte señaló en sus redes sociales que “NUNCA antes se había llegado a esto en los 200 años de El Salvador independiente”.
El subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) y doctor en derecho constitucional, Manuel Escalante, señaló que el procedimiento para procesar la solicitud no se encuentra en el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa.
Si la acepta, la Comisión Política debería proceder a delimitar el objetivo u objetivos de la comisión de médicos, que evaluarían la capacidad del presidente, así como su forma y tiempo de trabajo y también debería proceder a nombrar a los 5 médicos”, sostuvo.
Añadió que, si el dictamen médico no es unánime, “no se procedería a declarar la incapacidad del presidente para el ejercicio del cargo”.
Pero si los médicos concuerdan en su dictamen, “la comisión podría dictaminar si es favorable o no la declaratoria de incapacidad” y someterlo a votación en el pleno legislativo.
Señaló que considera que “el dictamen médico unánime abre la posibilidad para que la Asamblea declare la incapacidad, pero no es obligatorio que lo haga”.
No obstante, apuntó que “toda esta ruta podría estar sujeta al control de la Sala de lo Constitucional” mediante un amparo o recurso de inconstitucionalidad.
Para el abogado y director de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, la Asamblea Legislativa debe primero aprobar la formación de la comisión de médicos y votar su nombramiento.
Añadió que, en el caso de darse el dictamen unánime y que la Asamblea “apruebe la destitución”, el vicepresidente Félix Ulloa asumiría la Presidencia.
Este martes, también organizaciones de la sociedad civil se hicieron presentes a la Fiscalía General de la República (FGR) para entregarle una carta al fiscal general, Raúl Melara en la cual exigen una investigación rigurosa sobre los hechos ocurridos el 9F de 2020. En esta señalan que se soliciten los desafueros necesarios para que los funcionarios que participaron rindan cuentas ante la justicia.
Los señalados son el presidente de la República, Nayib Bukele, el ministro de Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, el jefe de Estado Mayor Presidencial, General Manuel Antonio Acevedo López, el jefe de Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, General Carlos Alberto Tejada Murcia y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.
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