Mediante esta nueva investigación, la Hacienda española pretende obtener más información acerca de los 4,4 millones de euros (5,3 millones de dólares) que el ex jefe de Estado español abonó voluntariamente en impuestos atrasados por vuelos en jets privados pagados durante años por una fundación con sede en Liechtenstein, un paso que se ha interpretado como un intento de ponerse en paz con la Hacienda para su posible regreso al país europeo desde su retiro en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) donde se ha autoexiliado.
Según fuentes judiciales, la inspección ha sido abierta a petición de la Fiscalía del Tribunal Supremo y ya le fue notificada a Juan Carlos I.
De momento, el rey emérito solo tiene que presentar su documentación patrimonial y bancaria sobre el uso de tarjetas y cuentas, en concreto de la que es titular su primo Álvaro de Orleans, respecto del que se está analizando si podría haber actuado como testaferro a través de una fundación en Suiza.
Unidas Podemos pide nueva comisión de investigación parlamentaria sobre presuntas irregularidades y delitos fiscales cometidos por el rey emérito de España.
Tras finalizar la pesquisa, la Agencia Tributaria decidirá si la regularización ha sido correcta, si se deben imponer sanciones o si, por el contrario, hay algún indicio delictivo. En este último caso, los inspectores deben finalizar su tarea y trasladar el expediente a la Fiscalía para su persecución penal.
Jefe de Estado español entre 1975 y 2014, cuando abdicó en favor de su hijo Felipe tras un fin de reinado marcado por los escándalos, Juan Carlos es objeto de tres investigaciones de parte de la Fiscalía. Se le acusa de presuntos casos de corrupción y fraude fiscal por no haber declarado las rentas que percibía de los fondos y toda una serie de cuentas bancarias que tenía a su nombre fuera de España.
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