El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata realizó ayer la audiencia preliminar para organizar el juicio programado para el 30 de agosto próximo en el que serán juzgados el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, y el ex jefe de calle de la Unidad Regional La Plata, Julio César Garachico, acusados por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios de un grupo de militantes peronistas, entre ellos el dos veces desaparecido Jorge Julio López.
Garachico será juzgado por el secuestro y tormentos aplicados a Patricia Dell'Orto, Ambrosio de Marco, Norberto Rodas, Alejandro Sánchez, Francisco López Muntaner, Guillermo Cano y Jorge Julio López, y por los homicidios agravados de Dell'Orto, De Marco y Rodas. Esas personas permanecieron en cautiverio en centros clandestinos que funcionaron en la localidad de Arana, en el suroeste de la capital provincial. Etchecolatz, condenado por los casos de López, Dell'Orto y De Marco en 2006, está acusado por los secuestros, tormentos y homicidios de Rodas y Sánchez.
La audiencia se desarrolló en la sala del primer piso de los Tribunales Federales de La Plata y con participación remota de las partes. Por el Ministerio Público Fiscal intervinieron los fiscales generales Hernán Schapiro (de modo remoto) y Gonzalo Miranda (presente), la auxiliar fiscal Ana Oberlin (también en la sala) y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira (por vía remota), integrantes de la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en la jurisdicción. También estuvieron en la sala las abogadas querellantes Guadalupe Godoy y Pía Garralda, mientras que el presentante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Pedro Griffo, y su colega de la Subsecretaría de DDHH bonaerense, Verónica Bogliano, participaron por Zoom.
El tribunal estuvo representado en la audiencia por su presidente para este debate, José Michilini. También integran el cuerpo Andrés Basso y Alejandro Esmoris. La decisión sobre las propuestas de las partes fue postergada para los próximos días: se notificará por cédula a través del sistema LEX 100.
En los puntos abordados, las partes acusadoras coincidieron en la realización semipresencial del juicio, aunque priorizando la presencialidad en todo cuanto fuera posible. Remarcaron la necesidad de respetar la voluntad de los y las testigos víctimas para declarar de modo presencial o virtual. La fiscalía además solicitó que se realice la debida identificación de todas las partes que ingresan a la sala virtual.
Tanto el MFP como las querellas también coincidieron en solicitar al tribunal la realización de dos jornadas semanales de juicio y que, en caso de que no fuera posible -el tribunal está integrado por jueces subrogantes de otras jurisdicciones- requirieron que las audiencias se realicen una vez por semana a jornada completa.
En cuanto a la producción de la prueba, solicitaron que el primer testimonio con el que comience el debate sea el de Jorge Julio López en el juicio a Etchecolatz realizado en esa ciudad en 2006, en cuya etapa final desapareció el testigo. Aquél testimonio de López, en el que mencionó a los dos acusados de este nuevo debate, fue una de las piezas probatorias que dio inicio a la investigación que ahora llegó a la instancia de juicio oral. El segundo testimonio que solicitaron las partes acusadoras que se exhiba por video es el de la sobreviviente Nilda Eloy, fallecida, quien estuvo secuestrada en los centros clandestinos que funcionaron en la zona de Arana, donde se desarrollaron parte de los hechos.
Tanto la fiscalía como las querellas pidieron que, con posterioridad a esas declaraciones, se convoque a los y las testigos en función del dictamen de los programas de acompañamiento y contención aprobados para intervenir, que son el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH) y el Programa Provincial de Protección y Acompañamiento de Testigos y Víctimas.
La fiscalía pidió además la incorporación de la sentencia por crímenes de lesa humanidad en la Brigada de Investigaciones de San Justo, que se conoció con posterioridad al ofrecimiento de prueba realizado en esta causa.
Para el registro audiovisual del debate y su transmisión, se ofrecieron la Comisión Provincial por la Memoria y el canal de Youtube de La Retaguardia, respectivamente.
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