“Concluyo que los asentamientos israelíes definitivamente constituyen un crimen de guerra. El hallazgo que les presento obliga a la comunidad internacional […] a dejar en claro a Israel que su ocupación ilegal y su desafío al derecho y la opinión pública internacionales ya no serán gratuitos”, ha afirmado este viernes Michael Lynk, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967.
Durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), Lynk ha enfatizado que los asentamientos israelíes violan la prohibición absoluta de que una potencia ocupante traslade parte de su población civil a un territorio ocupado.
Por ello, ha pedido a la comunidad internacional que califique la construcción de los asentamientos israelíes como un crimen de guerra, en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).
Tras denunciar que, en la actualidad, hay cerca de 300 asentamientos en el este de la ciudad de Al-Quds (Jerusalén) y Cisjordania, con más de 680 000 colonos israelíes, el experto ha indicado que la ilegalidad de los asentamientos israelíes es una de las cuestiones “más asentadas e incontestables” del derecho internacional y la diplomacia modernos.
Asimismo, ha señalado que los asentamientos israelíes han sido “el motor de la ocupación israelí de 54 años, la más larga del mundo moderno”.
Por su parte, Lotte Knudsen, embajadora de la Unión Europea (UE) ante las Naciones Unidas, también ha confirmado en la misma reunión que los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional.
“Acciones como traslados forzosos, desalojos, demoliciones y confiscación de viviendas solo intensificarán un ambiente ya de por sí tenso”, ha destacado.
Todas estas declaraciones se producen mientras el diario Israel Hayom reveló el pasado domingo que el régimen de Tel Aviv, bajo el mandato de Naftali Bennett, ha permitido emitir, cada tres meses, permisos para construir nuevos asentamientos en los territorios ocupados.
Esto ocurre mientras la mayoría de los países y organizaciones internacionales considera ilegales los asentamientos que Israel ha construido y sigue levantando en los territorios ocupados desde la guerra de los Seis Días en 1967. El régimen de Tel Aviv hace caso omiso a cualquier condena en este sentido.
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