La esposa del derrocado Manuel Zelaya se define como "feminista, antipatriarcal, revolucionario e incluyente" y abre la agenda a problemáticas urgentes que habían sido hasta ahora ignoradas en el país.
Castro, de 61 años, se convirtió en 2013 en la segunda mujer hondureña en ser candidata oficial a la Presidencia, detrás de Nora de Melgar, postulada sin éxito en 1997. Pero esta vez, en su segundo intento, tiene chances de ganar, un hecho inédito en un país que todavía adeuda el debate sobre los derechos de las mujeres.
Ese cambio, si se concreta en las elecciones de noviembre próximo, sería el corolario de una serie de cambios graduales pero profundos.
Ella ya no es la misma que en 2009, cuando vio cómo los militares un domingo de julio a mitad de la noche irrumpieron en el Palacio Presidencial y sacaron del poder a su esposo en pijama y a punta de ametralladoras.
De hecho, fue eso lo que la impulsó a sumergirse en manifestaciones multitudinarias de trabajadores, campesinos e indígenas, pese al temor generado por una dictadura que había puesto el foco sobre su familia.
"Es mi obligación como hondureña defender mi país, pero también mi deber como madre y esposa defender a mi familia", declaró Castro, tres semanas después del golpe de Estado, al diario Página/12.
Los primeros años de Zelaya en el poder fueron como los de cualquier político conservador, pero en 2008 hubo un cambio de dirección en la política de su Gobierno: se sumó al proyecto energético de Hugo Chávez, Petrocaribe, y más tarde al ALBA; abrió a licitación las compras gubernamentales de combustibles, ajustó el salario mínimo a la canasta básica y, a pesar de ser un empresario maderero, promulgó una ley de protección forestal.
Ella acompañó este proceso, pero siempre con un rol secundario: ayudó a fundar la rama femenina del partido Liberal, creó centros de asistencia para las madres solteras en los departamentos más pobres del interior y se involucró en la lucha regional contra el sida. Contaba que le gustaba acompañar al presidente Zelaya en sus viajes por el país y conocer de primera mano los problemas de las comunidades.
Pero con la popularidad que forjó en las protestas contra el golpe y el regreso del exilio de su esposo, en 2011 fundaron juntos Libertad y Refundación (Libre), el partido por el que la exprimera dama se presentó a elecciones generales en 2013 y este año nuevamente.
Si bien perdió contra el representante del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, actual presidente de Honduras por segundo período, se instalaron como segunda fuerza del país, desplazando a su excompañeros liberales y rompiendo con el bipartidismo que organizó el país por casi 120 años.
Hoy, abrazada por un movimiento feminista que se extiende por toda Latinoamérica, se para firmemente al frente de un partido político que va mucho más lejos de lo que llegó a ir a su esposo: se declara "feminista, antipatriarcal, revolucionario e incluyente" y plantea promulgar la ley de igualdad de las mujeres, sancionar los derechos sexuales y reproductivos y poner fin al acoso sexual y violencia de género, según su plan de Gobierno.
"Acá solo son dos posiciones; el verdadero cambio que lo representa una mujer comprometida con este pueblo hondureño, en un cambio de un modelo que en estos últimos años se dedicó a fabricar pobreza y miseria, o seguir votando por los mismos, cuyos resultados serán más pobreza, más miseria, más asesinatos y exclusión", expresó la candidata, durante un acto a mediados de junio en Tegucigalpa, citada por el diario La Tribuna.
Castro se propone como la contracara de lo que representa el partido gobernante, mientras la población sufre las consecuencias de la histórica caída del PBI en 2020 -un 9% según el Banco Central- por el confinamiento por el coronavirus y los huracanes Eta e Iota que devastaron infraestructura y cultivos.
"No podemos vivir en un país empobrecido por las élites con un Gobierno lleno de lujos y de opulencia. Pondremos a la venta el avión presidencial y se venderán todos los vehículos de lujo que hoy tiene el Gobierno", tuiteó semanas atrás, como promesa de campaña.
También rechazó la ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes), aprobada en mayo pasado y que establece zonas del territorio nacional sujetas a un "régimen especial" en las que los inversionistas estarían a cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos, entre otras competencias.
"Para generar empleo y desarrollo en el país, no necesitamos vender nuestra soberanía. Vamos a generar esa esperanza que el pueblo demanda", enfatizó, citada por el diario Proceso.
Pero el coronavirus también agravó un problema preexistente en la sociedad hondureña: el machismo y la violencia contra las mujeres.
Desde 2005 a enero pasado más de 6.000 mujeres fueron asesinadas en Honduras, donde representan el 51% de los 9,3 millones de habitantes, la gran mayoría pobres, y entre 2013 y 2020 -desde que asumió Hernández- solo 15 casos se tipificaron como feminicidios, según la representante de ONU Mujeres en Tegucigalpa, Margarita Bueso Fiallos.
En el último año fueron asesinadas 278 mujeres y 229 de estos femicidios ocurrieron durante las medidas de confinamiento y toque de queda adoptados por el Gobierno para prevenir la propagación del coronavirus, según el Observatorio de Violencias contra las Mujeres del Centro de Derechos de las Mujeres y replicó Oxfam.
A principio de año, la oficina de ONU Mujeres instó al Gobierno a incorporar la perspectiva de género en los planes de reconstrucción del país y atención de la pandemia porque la desigualdad no solo se mide en víctimas.
Prueba de ello es que en las elecciones de 2017, a contramano de la mayoría de los países de la región, en el Congreso Nacional hondureño la representación femenina se contrajo de un 25,8% a un 21,7%.
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