La fiscala subrogante Iara Silvestre le solicitó al Tribunal Oral en lo Federal de La Pampa la urgente revocación del arresto domiciliario dispuesto en favor del doblemente condenado por crímenes de lesa humanidad Carlos Reinhart. La solicitud se basó en la "favorable modificación de la situación sanitaria", ya que ante el avance de la pandemia se le había otorgado en abril de 2020 la posibilidad de abandonar el Sistema Penitenciario Federal (SPF) para pasar a cumplir su pena en su domicilio particular.
En su dictamen, firmado el 13 de septiembre, la fiscala indicó que la realidad sanitaria nacional en relación a la pandemia mundial de la enfermedad Covid-19 en este momento “dista mucho y favorablemente con respecto a la que era cuando se dispuso el traslado de Reinhart desde la Unidad 4 del SPF a su domicilio particular”. A su vez, señaló que la edad no era un impedimento para que el condenado no cumpla sentencia en la cárcel y destacó que tampoco presenta ningún malestar físico, psíquico o neurocognitivo que lo afecte.
Cabe recordar que, ante el contexto de pandemia, el 2 de abril del 2020 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa ordenó el arresto domiciliario de Reinhart “hasta tanto cese la situación de emergencia sanitaria dictada por el Poder Ejecutivo Nacional y se proceda a reevaluar la medida”. Aquella medida, que morigeraba el modo de cumplimiento de las penas impuestas al condenado, también había sido objetada por los representantes del Ministerio Publico Fiscal, quienes sostuvieron que la resolución había sido inconsulta y arbitraria.
Mejora en la situación sanitaria
La fiscala Silvestre argumentó que, si en diferentes estamentos de las administraciones públicas se convocó al personal a que regresara de forma física a sus ámbitos laborales habituales, lo mismo debería exigirse a los condenados por crímenes de máxima gravedad, como lo son los responsables por delitos de lesa humanidad. En ese sentido, indicó algunos casos que según ella “marcan el pulso del estado sanitario con relación a la pandemia y de la relación que las autoridades establecen que la población en general mantenga con aquella”.
Al respecto, mencionó la acordada N° 16/21 que emitió el 20 de agosto de este año la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la convocatoria a prestar actividad presencial a los trabajadores que no padezcan enfermedades que los hagan más vulnerables al virus COVID-19 y a los mayores de 60 años que tengan al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad.
También destacó la vuelta a la presencialidad de los alumnos en los distintos establecimientos educativos primarios y secundarios de la provincia de La Pampa como así también puso como ejemplo las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se efectuaron el 12 de septiembre y que se realizaron “con normalidad y cumplimiento de protocolos sanitarios”.
La prisión domiciliara como caso excepcional
Por otra parte, Silvestre indicó que la edad del condenado (70 años), “no resulta por sí misma óbice para impedir que cumpla arresto en un establecimiento carcelario común" y agrego que el otorgamiento de la prisión domiciliaria "no es automático sino excepcional, resulta una facultad de los jueces y no una obligación”.
En ese sentido, indicó que según la última declaración indagatoria que se le hizo el 8 de septiembre, el condenado no presenta ningún malestar físico, psíquico o neurocognitivo, ni tampoco se encuentra acreditado que padezca cualquier tipo de dolencias que no puedan recibir adecuado tratamiento en el Servicio de Atención Médica de la Unidad 4 del SPF.
Doblemente condenado
El ex comisario de la policía de La Pampa Carlos Reinhart fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Federal de Santa Rosa a 20 y 14 años de prisión por ser considerado, en dos oportunidades, como autor penal y material de crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar.
En uno de los debates, se le impuso la pena por privación ilegal de libertad, agravada por el uso de violencia y amenazas, en 23 hechos y por la aplicación de tormentos psíquicos y/o físicos, agravados a su vez por resultar las víctimas perseguidos políticos, en 10 ocasiones. En el otro juicio, la condena fue por privación ilegal de la libertad agravada por otros 12 hechos.
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