"Es fundamental conocer de primera mano las opiniones de quienes mejor conocen las consecuencias de esta absurda ley", afirmó Soria en el marco de un encuentro que mantuvo con las máximas autoridades de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil para analizar los efectos de la ley aprobada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
"Los jueces saben mejor que nadie que este intento de la Legislatura porteña no sólo afecta a los porteños, que tendrán una nueva demora en sus causas judiciales, sino que además afecta los derechos de todos los argentinos a lo largo y ancho del país”, puntualizó Soria en relación a la ley que pretende erigir al Tribunal Superior de Justicia de CABA en alzada de las Cámaras Nacionales.
Los camaristas manifestaron su preocupación por la gravedad institucional que reviste la ley y señalaron que la Corte Suprema de Justicia "tiene la llave para fijar un criterio definitivo sobre esta cuestión"
Según se informó en un comunicado, participaron de la reunión con Soria el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, y los integrantes del Tribunal de Superintendencia de la Cámara Nacional en lo Civil: Marcela Pérez Pardo (presidenta de la Cámara), María Isabel Benavente (vicepresidenta 1º) y Sebastián Picasso (vicepresidente 2º).
Durante el encuentro los camaristas manifestaron su preocupación por la "gravedad institucional" que reviste la ley y señalaron que “la Corte Suprema de Justicia tiene la llave para fijar un criterio definitivo sobre esta cuestión, que garantice la plena vigencia y supremacía de la Constitución Nacional”.
Además fundamentaron que la reforma "resulta contraria al art 129 de la Constitución Nacional y a la ley de garantías de los intereses del Estado Nacional dictada por el Congreso de la Nación” y resaltaron que “la Justicia Nacional, lejos de ocuparse únicamente de cuestiones que conciernen a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, adopta decisiones que tienen importantes repercusiones en todo el territorio de la República”.
Por otro lado, los camaristas civiles hicieron hincapié en que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su carácter de cabeza del Poder Judicial de la Nación, debe poner fin a la gravísima situación institucional que la Ciudad de Buenos Aires, y su Tribunal Superior, han generado" y remarcaron el "repudio unánime de todos los fueros que integran la Justicia Nacional, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (entre otras organizaciones gremiales)”.
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