El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario comenzó hoy el debate oral y público seguido contra diecisiete policías de la Comisaría 7ª de esa ciudad y otros dos de la Unidad de Asuntos Internos, por la desaparición forzada de Franco Ezequiel Casco, ocurrida el 6 de octubre de 2014. Por el Ministerio Público Fiscal interviene el fiscal general Fernando Arrigo.
El comisario Diego José Álvarez, los agentes Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco y la agente Cecilia Rut Elisabet Contino llegan a esta instancia imputados e imputada como coautores de los delitos de desaparición forzada de persona agravada por la muerte de la víctima e imposición a una persona privada de su libertad de torturas seguidas de muerte.
También son enjuiciados el subcomisario Enrique Nicolás Gianola Rocha, el jefe de sumarios César Daniel Acosta y las y los agentes Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernández y Esteban Daniel Silva, como coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima. Por el mismo delito, pero como partícipes secundarios, llegan a debate los y las agentes Romina Anahí Díaz, Belkis Elizabeth González, Ramón José Juárez, Rodolfo Jesús Murua, Walter Daniel Ortíz y Franco Luciano Zorzoli. Finalmente, los agentes adscriptos a la Unidad Especial de Asuntos Internos, Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar, serán sometidos a juicio por encubrimiento agravado.
El Tribunal -integrado por los jueces Omar Paulucci, como presidente, y Eugenio Martínez Ferrero y Ricardo Moisés Vázquez, como vocales- dispuso que las audiencias se celebren el 6, 16 y 28 de diciembre. El debate se interrumpirá por la feria judicial de verano, y se reanudará el 8 de febrero. Proseguirá el 9 de febrero y las siguientes audiencias están fijadas para los jueves y viernes de cada semana.
"Lo encerraron en un calabozo y lo sometieron a tormentos y tratos inhumanos y degradantes, todo lo cual, debe resaltarse, sucedió en un ámbito en el que la víctima se encontraba en un absoluto estado de indefensión", señala la acusación fiscal.
El hecho
El 29 de septiembre de 2014, Franco Ezequiel Casco, oriundo de la localidad bonaerense de Florencio Varela, llegó a la ciudad de Rosario para visitar a unos familiares. En la tarde del 6 de octubre se fue de la casa de su tía paterna -donde se había alojado- hacia la Estación de Trenes Rosario Norte, donde a la medianoche iba a tomar un tren para regresar a Buenos Aires.
Sin embargo, ese mismo 6 de octubre el joven de 20 años fue interceptado y detenido por agentes de la Comisaría 7ma de la Policía de la provincia de Santa Fe. De acuerdo con el testimonio de otros detenidos, Casco fue aislado en un calabozo de la dependencia policial en calidad de “demorado” mientras averiguaban sus antecedentes. Durante la madrugada del 7 de octubre, el joven fue golpeado y torturado: los demás internos lo escucharon gritar y pedir auxilio, hasta que se hizo silencio y no se supo más nada de él.
De acuerdo a la investigación desarrollada por el entonces titular de la Fiscalía Federal N°1 de Rosario, Guillermo Rodolfo Lega, “los agentes policiales, abusando de las facultades otorgadas para el desempeño de su labor, dotados de uniformes oficiales, armas y móviles, cedidos por el Estado Provincial para el ejercicio de sus funciones, así como las instalaciones de la Comisaría, privaron de libertad a Franco Casco, lo encerraron en un calabozo y lo sometieron a tormentos y tratos inhumanos y degradantes, todo lo cual, debe resaltarse, sucedió en un ámbito en el que la víctima se encontraba en un absoluto estado de indefensión”.
Dado que Franco nunca llegó a Buenos Aires, su tía denunció su desaparición en la Comisaría 20ª de la Policía local, al tiempo que el padre del joven viajó a Rosario. Según declararon los familiares de Casco, el padre de Franco se presentó el 8 de octubre en la Comisaría 7ma y pudo saber que el joven había estado allí. Sin embargo, le dijeron que lo habían aprehendido el día 7 de octubre y que la noche de ese mismo día “lo habían liberado, dejándolo en una plaza cerca de la estación de trenes”.
En el transcurso de la instrucción, el Ministerio Público Fiscal demostró que los policías imputados realizaron una serie de maniobras tendientes a fraguar las circunstancias en las que el joven fue ilegalmente privado de su libertad, y a encubrir la verdad de lo ocurrido.
Finalmente, el 30 de octubre de 2014, personal de la Prefectura Naval Argentina encontró el cuerpo sin vida de Franco, flotando en el río Paraná. La autopsia reveló que la víctima había muerto antes de ser arrojado al río.
En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Lega consideró probado que “los funcionarios policiales imputados participaron en la privación de la libertad de Franco Ezequiel Casco, negaron información sobre las circunstancias de su detención, ocultaron el paradero y obstaculizaron su búsqueda, resultando de ello la muerte de la víctima”, por lo que pidió que fueran llevados a juicio para determinar su responsabilidad en los hechos.
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