En el marco una mesa interinstitucional de trabajo junto a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (APM) y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la Unidad Especializada para casos de apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado (UFICANTE) formuló este año 56 solicitudes de exhumaciones de restos de familiares de las víctimas y citaciones de personas con vínculo familiar con los niños/as buscadas como parte de las acciones que se consideran necesarias para completar la información genética de los grupos familiares obrantes en el Archivo Nacional de Datos Genéticos (ANDG).
De esta manera, durante el segundo semestre de 2021 se logró la realización de 34 exhumaciones en cementerios de 17 ciudades localizadas en 7 provincias. De todas ellas, 29 se llevaron a cabo con el impulso de la UFICANTE mientras que las restantes 5 fueron el resultado de gestiones ya en curso por parte del BNDG y la APM. Con estos trabajos, ingresaron al BNDG nuevas muestras óseas, que permitirán hacer posible la ulterior identificación de las víctimas del delito de sustracción, retención y ocultación de niños/as durante el terrorismo de Estado.
Estas tareas de recolección probatoria se dieron en el marco de una investigación preliminar genérica abierta por la UFICANTE, a cargo del fiscal general Pablo Parenti, en los términos de los artículos 7 y 8 de la Ley 27.148, Orgánica del MPF. La pesquisa está dirigida a localizar a los/las familiares vivos/as que aún no hubiesen aportado su muestra al BNDG, como para concretar las exhumaciones de restos mortales de familiares que no pudieron darlas en vida.
En esa línea, la tarea emprendida está encaminada a profundizar la investigación sobre los casos de mujeres embarazadas y/o secuestradas junto a sus hijos/as, dar con el paradero de sus familiares, realizar su citación –todo ello en las particulares condiciones impuestas por el COVID-19-, concretar la extracción de una muestra biológica en caso de que mediare voluntad, como todas las medidas previas tendientes a lograr la exhumación de los familiares fallecidos.
La UFICANTE informó que esta última tarea posee particulares complejidades: se inicia con la ubicación actual de los restos mortales de la persona -que usualmente requiere diversas diligencias-, la necesidad del dictado de una medida de no innovar para garantizar la preservación de los restos, y luego conseguir y poner en práctica los recursos tanto económicos como humanos a los fines de concretar la medida exitosamente.
Las exhumaciones fueron planificadas durante el 2020 y concretadas en el año en curso, cuando la situación epidemiológica permitió retomar tareas de campo.
La gran mayoría de esas tareas fueron solicitadas por la UFICANTE ante la Cámara Federal porteña, donde tramita el legajo 148, caratulado "Banco Nacional de Datos Genéticos". Ese expediente fue abierto en 2011 a instancia de APM y con el objetivo de completar el Archivo Nacional de Datos Genéticos con las muestras de los familiares fallecidos de las personas detenidas desaparecidas. Las órdenes libradas por la Cámara Federal fueron fundamentales para poder cumplir con el cronograma que se había propuesto para 2021.
Las medidas también fueron canalizadas mediante las fiscalías federales y unidades fiscales de Derechos Humanos de todo el país, con las que la UFICANTE trabaja mancomunadamente a fin de lograr la concreción de las tareas mediante el dictado de las correspondientes órdenes judiciales.
Articulación de recursos humanos y materiales
Por el impulso de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, entre 2012 y 2019 se concretaron en el legajo 148 de trámite ante la Cámara Federal porteña numerosas exhumaciones que hicieron posible la tarea de completar la información genética de los grupos familiares obrantes en el archivo del BNDG.
Sin embargo, el BNDG y la CONADI, informaron a la UFICANTE que en el marco de ese legajo existía aun un alto número de exhumaciones consideradas prioritarias que no habían podido realizarse debido a la necesidad de recursos materiales y/o humanos. La ausencia de esos recursos obedecía a las condiciones de inhumación, a la necesidad de provisión de ataúdes o cajones metálicos de reemplazo, intervención de personal idóneo para llevar a cabo la tarea de apertura, eventual reemplazo y cierre de los ataúdes y cajones metálicos, así como de profesionales técnicos evisceradores o médicos forenses que pudieran asistir a los peritos del BNDG en la toma de las muestras de restos en estado cadavérico.
La UFICANTE asumió la tarea de impulsar esas medidas pendientes y de procurar la provisión de los recursos necesarios para su concreción. Así, el 17 de julio pasado se presentó ante el tribunal un plan de trabajo que contemplaba la realización durante el segundo semestre del año en curso de la totalidad de las exhumaciones prioritarias pendientes que tramitaran en el marco del Legajo 148, con un detalle pormenorizado de todos los recursos que cada una de ellas insumiría y cómo podrían procurarse. Esa iniciativa contó con el apoyo de la APM, la CONADI y el BNDG, y requirió de una intensa labor previa de contacto y coordinación con los distintos cementerios, las distintas secretarías de derechos humanos provinciales, municipios, asesorías periciales provinciales, policías científicas y casas funerarias –entre otros- que eran indispensables para la concreción de las exhumaciones.
La propuesta de trabajo presentada por la unidad especializada fue aceptada por la Cámara Federal, que libró las órdenes correspondientes. Sumadas a las resoluciones dictadas por otros juzgados del país, en cinco meses se concretaron 34 exhumaciones en las provincias de:
Buenos Aires, en los cementerios de los municipios de Lomas de Zamora, General Las Heras, Campana, Merlo, Pilar, La Plata y Trenque Lauquen;
Santa Fe, en los cementerios de Rosario y Elortondo;
Mendoza, en los cementerios de Godoy Cruz, Guaymallen y Bowen;
Córdoba, en el cementerio de Corral de Bustos-Ifflinger;
Chubut, en el cementerio de Puerto Madryn;
Formosa, en el cementerio municipal San Antonio de la capital provincial; y
Entre Ríos, en los cementerios de María Grande y de Concepción del Uruguay.
En cada procedimiento se obtuvieron además muestras adicionales para su remisión al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que trabaja en la identificación de los restos de personas detenidas desaparecidas.
La tarea realizada es la fase inicial del trabajo asumido como prioritario y central para el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. La UFICANTE informó que el trabajo para sumar más muestras biológicas al BNDG continúa, no solo ante la Cámara Federal porteña, sino ante juzgados federales de diversas jurisdicciones del país donde ya se han presentado y se están gestionando múltiples exhumaciones y citaciones de familiares para completar la información genética del BNDG.
La UFICANTE agregó que la concreción de estos procedimientos fue posible gracias al apoyo de los familiares de las víctimas y de los organismos gubernamentales y no gubernamentales involucrados en la búsqueda: APM, CONADI y BNDG. El área de Antropología Forense del BNDG cumplió un rol fundamental en esta etapa, ya que desde su función de perito oficial llevó a cabo la totalidad de los procedimientos.
Un trabajo integral del Estado
También puso de relieve la asistencia recibida por parte de las administraciones públicas provinciales y municipales en el aporte de recursos materiales y humanos necesarios para concretar las medidas de manera exitosa. En este sentido, destacó la intervención de las municipalidades de Merlo, Lomas de Zamora, General Las Heras y Campana.
Asimismo, ponderó las gestiones realizadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires para las exhumaciones en ese territorio. El organismo cumplió un rol fundamental en la centralización de las gestiones y propició el nexo que permitió un trabajo mancomunado con la Policía Científica de la provincia.
Destacó además la intervención de la Dirección Provincial de Memoria, Verdad y Justicia del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe; la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger de la provincia de Córdoba; las municipalidades de Godoy Cruz y General Alvear, en la provincia de Mendoza; las municipalidades de María Grande y Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos; la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Chubut; y la Municipalidad de Formosa, de la provincia homónima.
La unidad especializada añadió que resultó fundamental la asistencia brindada por los cuerpos médicos forenses e institutos médicos legales provinciales, e incluso las policías científicas provinciales. Subrayó que estas últimas dependencias realizaron un aporte sustancial al brindar su colaboración para asegurar la toma de las muestras biológicas, "demostrando un compromiso claro con el proceso de memoria, verdad y justicia". Particularizó el rol cumplido en ese sentido por la Dirección de Pericias y Estudios Forenses de la Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires; de los cuerpos médicos forenses de las provincias de Entre Ríos, Chubut, Mendoza y Santa Fe; y del Instituto Médico Legal del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.
En este sentido, puntualizó el apoyo y organización del Ministerio de Seguridad de la Nación a través de la participación de personal del Grupo Especial de Asistencia Judicial, que aseguró la realización de los procedimientos y la cadena de custodia de las muestras desde su recolección y hasta su ingreso al BNDG y el EAAF.
Los avances fueron evaluados como muy relevantes, dado que se pudieron concretar numerosas exhumaciones prioritarias en pocos meses. Este trabajo no está concluido y será parte fundamental de la agenda durante 2022.
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