En el marco de la investigación por el homicidio de Lucas González y la tentativa de homicidio de sus tres amigos, el responsable de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°32, Leonel Gómez Barbella, le solicitó al titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, Martín del Viso, el procesamiento con prisión preventiva de seis policías. El pedido abarca a un comisario, un principal y dos oficiales la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad y al comisario y el subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad por los delitos de falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin las formalidades de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave, e imposición de torturas. En esa línea, pidió también que cuatro de los imputados fueran procesados por falso testimonio agravado.
El hecho
En la mañana del 17 de noviembre, Lucas y tres amigos salieron del entrenamiento en el club de fútbol Barracas Central y se subieron al auto Volkswagen Surán del padre de uno de ellos para volver al barrio San Eduardo, en la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde vivían.
Tras detenerse en un kiosco, comenzaron a ser perseguidos por un vehículo Nissan Tiida en el que circulaban el inspector mayor, el oficial mayor y el oficial de la Brigada 6 de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad y que realizaban tareas de campo en la intersección de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield. La actividad se daba en el marco de una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, los efectivos policiales informaron al servicio de comunicaciones policiales que perseguían un automóvil con “cuatro masculinos menores, con apariencia menores, jóvenes”, refirieron “que estaban armados” y les cruzaron el Nissan Tiida para detenerlos. Como el automóvil de la brigada no tenía ninguna identificación ni los policías vestían chalecos ni uniformes policiales, los chicos pensaron que podían ser ladrones y quisieron escapar, pero fue entonces cuando los efectivos policiales les dispararon.
Lucas, de 17 años, viajaba en el asiento del acompañante y recibió 2 disparos, uno de ellos en la cabeza. Fue trasladado al Hospital General de Agudos “José María Penna” -donde permaneció con custodia policial-, pero luego lo llevaron al Hospital El Cruce, de Florencio Varela, donde falleció al día siguiente por la tarde. Sus tres amigos fueron detenidos -ilegalmente- tras el hecho, pero el juez de Menores dispuso sus sobreseimientos, tras determinar que no habían incurrido en ningún delito.
Tres días después del hecho, los policías investigados por el ataque fueron detenidos cuando llegaban a la Comisaría donde trabajaban. Posteriormente, también se apresó al comisario, el principal y dos oficiales la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad, y al comisario y al subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, por su responsabilidad en los hechos que transcurrieron tras la interceptación de los chicos.
Pedidos de procesamientos
Este lunes, los seis policías ampliaron sus declaraciones indagatorias, tras lo cual el fiscal Gómez Barbella le requirió al juez Del Viso su procesamiento con prisión preventiva por entender que habían incurrido en los delitos de falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin las formalidades de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave, e imposición de torturas. También, pidió que el subcomisario, el inspector y las dos oficiales fueran procesados falso testimonio agravado.
En su pedido, señaló que se logró determinar que los policías aportaron una “falsa versión” para encubrir el accionar de los tres efectivos de la brigada “quienes habían disparado contra el automóvil que tripulaban los menores en la Av. Iriarte y Vélez Sarsfield de esta Ciudad de Buenos Aires y que, en definitiva, le costara la vida a Lucas Gonzalez quien resultó herido gravemente por un proyectil en la cabeza”. Agregó que “como consecuencia de la actividad ilegal desplegada por los encausados, J.A.S. y J.Z.G., permanecieron esposados, tirados en la cinta asfáltica en calidad de detenidos, infringiéndoles actos de torturas, los esposaron en forma violenta y le rompieron la remera que uno de los jóvenes llevaba puesta (todo lo cual se desprende del propio relato de las víctimas y sus progenitores)". A eso le agregó que "Lucas Santiago González, quien agonizaba a causa de la grave herida, se lo trasladó al Hospital Penna con una signa policial, cuando no era más que un adolescente, víctima de una agresión irracional por parte de los agentes, que de acuerdo a las normas deberían actuar para su protección”. También destacó que los jóvenes “no poseían armamento alguno, por lo que mal pudo haber un ‘enfrentamiento’” y que el arma que se encontró en el interior del vehículo en el que viajaban “fue efectivamente colocado (como parte de un plan en común de todos los coautores)”.
En su presentación, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que “la libertad, la fe pública y el normal funcionamiento y prestigio de la administración pública a través de la corrección e integridad de sus empleados (…) se vio menoscabada frente al proceder de los funcionarios policiales en los actos referidos a su cargo, al ayudar a lograr la impunidad de tres policías que habían disparado con total menosprecio hacia 4 niños a bordo de un vehículo, y como si ello fuera poco, fraguando el procedimiento en contra de los jóvenes quienes culminaron ilegítimamente detenidos, aduciendo que se habían escapado de un retén policial, el cual quedo claramente demostrado que nunca existió y que fue el pretexto que utilizaron para forzadamente darle un marco de ‘legalidad’ a su brutal accionar”.
También, destacó que “las acciones desplegadas por los encartados, no se presentaron solas ni aisladas sino en el seno de un entramado articulado que fueron probadas en la instrucción” e insistió que “se encuentra acreditada la participación -desde las distintas acciones desplegadas- y el cabal conocimiento de cada uno de ellos de sus actos que contribuyeron a otorgarles una pantalla de licitud a la maniobra ilícita que se pretendía enmascarar, sin que pueda sostenerse que el hecho que alguno pudiera haber aparecido en ese escenario algunos minutos antes o después durante el procedimiento, haya integrado o no el grupo de funcionarios que colaboraron en las detenciones ilegales o no colocó de propia mano el arma de utilería en el automotor de las víctimas, aleje las responsabilidades de todos los coimputados sobre este aspecto, al formar parte intrínseca de la totalidad de la maniobra pergeñada”.
En relación a la detención ilegal de los amigos de la víctima, el fiscal Gómez Barbella puntualizó que “los menores detenidos merecían -por aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño- un trato privilegiado derivado de la protección específica por su especial status de niños”. Señaló que los sufrimientos padecidos por la víctima y sus amigos “no sólo han sido graves, son que la práctica empleada para provocarles esos sufrimientos, a través de las frases abominables, racistas, cargadas de odio, discriminatorias y estigmatizantes junto a sus detenciones ilegales después de haber baleado a un amigo suyo por parte de policías en un procedimiento inventado, luego de intentarlos matar a los mismos y mientras estaban esposados (dos de ellos durante aproximadamente dos horas engrillados en el suelo y 8 horas más dentro de un vehículo policial sin saber sobre su situación sin comer ni beber)". En esa línea, recordó que los policías les decían cosas como que había que "pegarles un tiro en la cabeza a estos villeros’ o les preguntaban "¿dónde tenés la falopa? o ¿dónde está el arma con la que mataste a tu amigo?" Para el fiscal, "en el marco de semejante vivencia, es obviamente y a las claras un modo de tortura, tal como lo expuso en ese contexto la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
Finalmente requirió que los procesamientos fueran dictados con prisión preventiva frente a “la necesidad de aventar el riesgo de que las víctimas y sus familiares -quienes de avanzar el proceso serán convocadas en la próxima etapa- sean intimidadas por los imputados quienes podrían asumir conductas futuras de presión sobre ellas en razón de su previo conocimiento”.
En tal sentido destacó que “la gravedad de las circunstancias y naturaleza de los hechos que se les endilgan y sus calidades de los diversos grados y cargos que ostentan de la Policía de la Ciudad, quienes ocultaron e inventaron pruebas contra 4 niños a sabiendas que se los quiso matar y a uno se lo terminó matando, constituyen pautas presuntivas relevantes acerca de la existencia de riesgos procesales” y agregó que “por ser policías y haber actuado en conjunto entre un número significativo de la misma Comuna, presentan mayores facilidades de permanecer ocultos o abandonar el país, al igual que para influir para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o al menos, inducir o determinar a otros a realizar tales comportamientos, aunque no los realizaren”.
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