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El CELS y familiares de víctimas pidieron condenas y revocación de domiciliarias a represores

(14/01/22 - Lesa Humanidad)-.Los alegatos de las querellas en la megacausa de Campo de Mayo, que busca justicia en nombre de 323 víctimas de crímenes de lesa humanidad, se completaron esta semana previo al inicio de la feria judicial, donde representantes de familiares y víctimas así como el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), solicitaron condena para los imputados y revocación de las prisiones domiciliarias.

Desde el Cels -que interviene como querellante institucional por el caso de siete trabajadores de Mercedes Benz Argentina- indicaron a Télam que "solicitamos la condena de los imputados Santiago Omar Riveros a 25 años de prisión, Eugenio Guañabens Perelló a 21 años, Carlos Eduardo José Somoza a 25 años, Hugo Miguel Castagno Monge a 25 años y Carlos Francisco Villanova 25 años" de cárcel".

En la causa radicada en el  Tribunal Oral Federal 1 de San Martín se investiga el accionar de los 22 militares imputados contra 323 personas, entre ellas 14 mujeres embarazadas y 9 padres de niñas y niños apropiados.

Riveros era el jefe del Comando de Institutos Militares, de la Zona IV, donde ocurrieron los hechos y del centro clandestino de detención, tortura y exterminio a donde fueron llevadas las víctimas.

Guañabens Perelló era el director de la Escuela de los Servicios para Apoyo de Combate "General Lemos" del Ejército y jefe del área 470 lugar donde se realizó el secuestro de Fernando Del Contte.

Castagno Monge era oficial de Gendarmería y jefe responsable de las guardias que custodiaban a los secuestrados.

Somoza era un agente civil de inteligencia del Batallón de Inteligencia 601 encargado de los interrogatorios bajo tormentos de las personas secuestradas, lo mismo que Villanova, que era un auxiliar de inteligencia de la Policía Federal Argentina en comisión en el Batallón de Inteligencia 601 y destinado a Campo de Mayo.

Los voceros del Cels añadieron que también "solicitamos que se exhorte a Mercedes Benz Argentina a que permita erigir, dentro de sus instalaciones, un monumento recordatorio de los hechos sufridos por los trabajadores de la empresa durante la vigencia del terrorismo de Estado".

El alegato de Pablo Llonto en nombre de los familiares

En tanto, el abogado Pablo Llonto, en su alegato brindado esta semana en representación de familiares y víctimas, también pidió la "condena y revocación de domiciliarias" de los 22 imputados.

En la causa se investiga el accionar contra 323 personas, entre ellas 14 mujeres embarazadas y 9 padres de niñas y niños apropiados. El juicio se sigue en el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, integrado por los jueces Silvina Mayorga, Daniel Omar Gutiérrez y Nada Flores Vega. Allí son juzgados 22 imputados, entre ellos el ex general Riveros, que se encuentra con prisión domiciliaria.

Llonto expresó en su alegato que "acusamos y pedimos la condena de todos los imputados así como revocar las domiciliarias". Respecto de esto último, precisó: "Solicitamos la revocación para que no sintamos, al final del juicio, la vergüenza de llegar con el ex general Riveros disfrutando sonriente, y quizás con una bebida en la mano, en su lujoso piso de Belgrano, sintiendo que la justicia le importa un bledo", definió.

La referencia fue utilizada para sostener las acusaciones, y afirmó que "si de algo se arrepienten los acusados es necesario que digan lo que hicieron, y donde están los restos (de los desaparecidos) y los bebés que buscamos" dijo.

En este punto, Llonto reconoció "la lucha de los familiares de las víctimas para llegar a este juicio" y recordó que "primero pidieron aparición con vida, luego juicio y castigo y luego saber donde están los restos, más tarde, saber qué hicieron y donde están las nietas y los nietos secuestrados".

"Entendemos que todo ha sido probado y les preguntamos si es suficiente todo lo escuchado de boca de los sobrevivientes para que la justicia entienda lo sucedido en estos espacios del horror?", interpeló.

En este punto, recordó el testimonio "del ex sargento arrepentido (Víctor) Ibáñez" y concluyó con que "si, es necesario seguir escuchando más, porque los acusados quieren pasar inadvertidos".

Por esto, en su alegato, nombró a cada víctima y sobreviviente así como sus historias, donde se dieron detalles de lo sucedido a quienes pasaron por "El Campito", el principal centro clandestino que funcionó en la guarnición militar de zona norte del Gran Buenos Aires.

"Señora jueza, señor juez, vamos a pedirles algo muy difícil para ustedes, les vamos a pedir la justicia que estuvieron esperando durante más de 45 años los familiares y los sobrevivientes. Una justicia que sea capaz de abrir un camino para saber qué paso", dijo Llonto.

El abogado valoró también que el TOF a cargo " debe ser el que más juicios por delitos de lesa humanidad ha llevado adelante en la Argentina, y quizás de buena parte del mundo", por lo que valoró el "esfuerzo por lograr que varias causas se unifiquen", uno de los reclamos hechos "durante años".

"Agradecemos que se haya hecho este enorme trabajo", dijo y adelantó que "en unos días los defensores van a tratar de hacer lo indefendible, van a decir que sus representados no llevaron adelante la mayor carnicería que se realizó en el país".

"Pero la maquinaria falló, no esperaban que año tras año se sumaran más sobrevivientes que perdieron el miedo como Gregorio Díaz, ni los archivos que arrojaron más luz, ni que la memoria de los familiares aportara nuevos datos" , reseñó.

"Hoy tenemos en versión digital el campo de la destrucción humana, el campito", parafraseó. Y dijo "no esperaban los imputados que los sumisos suboficiales del pasado contaran lo que contaron".

"Este es el juicio de los juicios y cada uno ha sido un rayo de luz sobre lo ocurrido" añadió en referencia a la unificación de las causas, y sumó que "la prueba, los testimonios han puesto más luz sobre lo que ha sucedido", al tiempo que rescató que los imputados tuvieron "todas las garantías".

Llonto representa a familiares de Catalina Fleming y Carlos Araya, de Armando Burano y de Ricardo Monteiro y de Ana Escudero, entre otros, y de sobrevivientes como Gregorio Díaz y Roberto Amarilla.

Los acusados son Santiago Omar Riveros, Luis del Valle Arce, Mario Domínguez, Luis Sadi Pepa, Eugenio Guañabens Perelló, Arnaldo Julio Román, Rodolfo Emilio Feroglio, Bernardo Caballero, Carlos Somoza, Miguel Ángel Conde Carlos Villanova, Carlos Caimi, Francisco Rolando Agostino, Ramón Vito Cabrera, Alfredo Oscar Arena, Federico Ramírez Mitchell, Luis Pacífico Britos, Hugo Miguel Castagno Monge, Roberto Fusco, y Carlos Tamini

Por Silvina Caputo, Telam

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