La parte boliviana urgió a la Cartera norteamericana a respetar la soberanía del Gobierno de Bolivia, argumentando que el país nunca se entromete en las decisiones políticas, jurídicas y económicas de la Casa Blanca.
“Es mínimamente cuestionable que los informes unilaterales de EE.UU., pretenden estar por encima de otros Estados y organismos internacionales como Naciones Unidas, siendo que Washington ni siquiera es signatario de los tratados de derechos humanos fundamentales”, criticó la Cancillería boliviana.
Ante esta coyuntura, el Ministerio de Exteriores boliviano convocó al encargado de negocios de la embajada de EE.UU. en el país suramericano, Jarahn Hillsman, para expresar su protesta por el enfoque injerencista de Washington.
En su informe anual sobre los derechos humanos, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha puesto en cuestión la impunidad y el proceso de investigar los crímenes en ciertos países de la región de América Latina, entre ellos Cuba, Nicaragua, Venezuela, México, Bolivia y Perú.
En cuanto a Bolivia, el documento destaca el arresto de Áñez alegando que “expertos legales han detectado numerosas irregularidades” en su detención.
A principios de marzo de 2021, la Policía boliviana detuvo a Áñez y a varios de sus exministros por su destacado papel en el golpe de Estado de 2019 contra el expresidente de Bolivia Evo Morales.
La ex presidenta y sus ex ministros, además de ser acusados de “sedición” y “terrorismo”, tienen que responder ante la justicia por vulnerar los derechos humanos y causar la muerte de un sinnúmero de civiles.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, tachando a Áñez de “golpista”, afirmó entonces que el proceso judicial contra la expresidenta interina no se trata de una “venganza”, sino más bien de pura “justicia”.
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