El presupuesto abierto es una versión simplificada del Presupuesto General del Estado y su publicación marca un hito en los compromisos del Ejecutivo, agregó.
Según precisó el funcionario a la prensa, lo que se busca es ofrecer pedagogía sobre cómo se elabora este instrumento, el principal de la política pública, cuáles son las fuentes de ingresos y en qué se gastan los recursos.
“El presupuesto abierto también pretende que los ciudadanos se sientan identificados, a través de la participación en su estructuración y la calidad de su ejecución”, remarcó.
A juicio de la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso de la Información (Antai), Elsa Fernández, las cuentas públicas son la base que origina la rendición de cuentas, de ahí que la apertura del presupuesto es vital para fortalecer la confianza y preservar la institucionalidad, garantizando el acceso a la información, la paz social y con ello una mejor gobernanza.
“Este compromiso es requerido por la metodología de presupuestos abiertos para la alianza internacional”, recordó.
Sobre el tema, la directora ejecutiva de Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo panameño de Transparencia Internacional, Olga de Obaldía, dijo al diario La Estrella de Panamá, que la iniciativa forma parte de la visión de una gestión presupuestaria contemporánea, y tiene como meta principal que Panamá llegue a formar parte de la Alianza para el Gobierno Abierto
Por su parte, el coordinador regional de la Alianza para el Gobierno Abierto, José García, consideró que la apertura fiscal es la madre de la transparencia. Se trata de una herramienta contra la corrupción, que incrementa la confianza en las compras públicas, así como la vigilancia de la ejecución presupuestaria del Legislativo y del Ejecutivo.
El pasado mes marzo, el ministro Alexander admitió que Panamá acelera medidas para salir de las listas grises del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que cuestionan la transparencia de esos sistemas.
En un encuentro con medios informativos, a preguntas de Prensa Latina sobre el llamado programa “cara a cara” con el sector público y privado para verificar acciones y enfrentar el blanqueo de capitales antes de junio de este año, el funcionario señaló que esa y otras iniciativas buscan mostrar efectividad.
Precisó que las medidas que se adoptan para salir de las listas son aquellas en las que deben profundizar acciones, y una de ellas, dijo, es el sistema de información asociada a los beneficiarios finales de las corporaciones.
Según el Ejecutivo, se trabaja en ocho de 15 acciones exigidas y reconoce que aún le faltan siete, como los registros de los beneficiaros, reformas legislativas y las investigaciones profundas sobre delitos financieros, entre otras.
Sobre el mismo tema, ante los medios de comunicación el entonces presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, José Ramón Icaza, indicó que debería cambiarse el modelo de Presupuesto Abierto, en el cual el Estado a través del MEF se compromete a mejorar la transparencia de la información y la rendición de cuentas.
Se trata de un problema de todos los actores en torno al marco regulatorio y la estrategia está enfocada en potenciar la imagen país; de ahí que es clave ofrecer informes periódicos al cuerpo diplomático y a todas las representaciones de Panamá en el exterior.
Hacia 2023 es clave, agregó, permitir la participación de la ciudadanía en la elaboración y control de la ejecución del presupuesto.
A juicio de Icaza, los panameños tienen el deber de pagar impuestos, pero también el derecho de exigir al Ejecutivo que respete los compromisos adquiridos para dotar al istmo de un gobierno abierto.
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