El Reino de España “violó los derechos políticos de exmiembros del Gobierno y el Parlamento de Cataluña” al suspender de sus funciones públicas a encausados en el “procés” antes de que fueran condenados en 2019, tras el referéndum de separatistas de 2017, ha denunciado este miércoles el comité de Naciones Unidas.
De este modo, el fallo da la razón a una denuncia presentada en 2018 por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, quienes afirmaron que la suspensión de sus funciones previa a la existencia de una condena violaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los denunciantes fueron suspendidos tras ser acusados del delito de rebelión pese a que habían instado a la ciudadanía a mantenerse estrictamente pacífica y a que finalmente fueron condenados en 2019 por sedición, que no implica el uso de violencia, agrega el citado comité.
Las tensiones entre las independentistas de catalán y Madrid se intensificaron en octubre de 2017, cuando los separatistas organizaron un referéndum de autodeterminación pese a su prohibición por la justicia, y declararon unilateralmente, en vano, la independencia de la región.
De hecho, tras la declaración de la independencia de Cataluña por el ejecutivo regional, presidido entonces por Carles Puigdemont, y, en consecuencia, la aplicación del artículo 155 de la Constitución por el Gobierno central de Madrid, el tema de la independencia catalana se convirtió en un conflicto entre los catalanes y el Gobierno español.
Las prolongadas tensiones se habían apaciguado tras la reanudación en 2020 del diálogo entre los independentistas y el Gobierno de Pedro Sánchez, que indultó el año pasado a nueve condenados por los hechos de octubre de 2017, en nombre de la “reconciliación”.
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